SAN JUAN – La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la Cámara de Comercio y el Partido Popular Democrático (PPD) respaldaron el viernes la propuesta de la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón para eliminar temporalmente el impuesto sobre ventas y uso (IVU) a los alimentos preparados durante noviembre y diciembre, aunque la medida todavía depende de la aprobación de la Junta Fiscal.
“Finalmente, la Gobernadora acogió una de las medidas que llevamos meses proponiendo desde la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes: suspender temporalmente el IVU en los alimentos preparados”, dijo el portavoz de la delegación popular, Héctor Ferrer Santiago, en declaraciones escritas.
El representante sostuvo que la iniciativa representa un paso para atender el impacto económico que enfrentan las familias y los comercios, pero reclamó que la administración amplíe las medidas de alivio.
“Sin embargo, el alivio no puede quedarse ahí. El aumento en el costo de la electricidad, la gasolina, los alimentos y los servicios esenciales continúa golpeando el bolsillo de nuestras familias y poniendo en riesgo la supervivencia de miles de pequeños y medianos negocios”, expresó.
Ferrer Santiago exhortó a González Colón a considerar otras propuestas de su delegación, entre ellas suspender temporalmente los arbitrios a la gasolina y al diésel y establecer un incentivo contributivo reembolsable para trabajadores y familias de clase media.
“Precisamente, ayer solicitamos una reunión con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir estas alternativas y viabilizar su implementación de manera fiscalmente responsable”, indicó.
Por su parte, ASORE favoreció la petición presentada por la gobernadora y solicitó a la Junta Fiscal que evalúe la propuesta con urgencia, al señalar que la industria de restaurantes lleva meses reclamando la eliminación del impuesto.
“Apoyamos la gestión de la gobernadora Jennifer González Colón de peticionar ante la Junta de Supervisión Fiscal la eliminación del IVU en los alimentos preparados, como medida temporera e inmediata ante la crisis del costo energético que vivimos en el país. Es urgente que la Junta tome esta determinación con la premura que amerita”, expresó la organización en declaraciones escritas.
Según ASORE, la petición responde a un reclamo que comenzó en febrero, cuando se agravaron las dificultades relacionadas con los servicios de agua y electricidad.
El sector sostuvo que una exención permitiría reducir el precio que pagan los consumidores por sus alimentos y contribuiría a aliviar la situación de los restaurantes en medio del aumento en sus costos operacionales.
“En ASORE hemos sostenido que los alimentos preparados son parte esencial de la vida cotidiana y que no deberían estar sujetos al IVU. Esperamos que esta evaluación permita avanzar hacia una medida concreta de beneficio para los consumidores y reiteramos nuestra disposición de colaborar con el Gobierno y la Junta para que pueda implementarse de manera efectiva”, añadió.
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José “Che” Aparicio, apoyó la iniciativa al considerar que podría ayudar a los negocios a enfrentar el incremento en sus gastos de operación y estimular el consumo.
“La Cámara de Comercio de Puerto Rico apoya esta iniciativa que busca amortiguar las incesantes cargas operacionales que enfrentan nuestros comercios en medio de la emergencia económica que vivimos. Ante el aumento en los costos de energía, toda medida que contribuya a aliviar la presión económica sobre los negocios y los consumidores merece ser evaluada con seriedad”, sostuvo Aparicio.
El dirigente empresarial señaló que los comerciantes enfrentan dificultades para mantener sus operaciones, conservar empleos y ofrecer productos y servicios ante el encarecimiento de la electricidad y otros gastos.
“Confiamos en que esta propuesta se convierta en un alivio para los restaurantes y sus clientes durante los próximos dos meses. Nuestros comerciantes necesitan iniciativas que reconozcan la realidad que enfrentan diariamente y que contribuyan a mantener activo el motor de nuestra economía”, añadió.
En otro planteamiento, Planificadores de Puerto Rico difundieron una carta abierta dirigida a organizaciones del país con propuestas para atender el costo energético a corto, mediano y largo plazo.
Entre las alternativas mencionadas figuran declarar un estado de emergencia energética, identificar suplidores de combustible más económico, crear incentivos y préstamos de emergencia para pequeñas y medianas empresas, establecer un fondo de estabilización energética y considerar una moratoria temporera al impuesto al inventario.
También recomendaron una exención parcial o total del IVU a las comidas preparadas, evaluar una congelación temporera de la crudita, desarrollar microrredes comunitarias y comerciales y acelerar los proyectos de generación renovable y almacenamiento.
Las reacciones surgieron luego de que González Colón anunciara el viernes que sometió a la Junta Fiscal una propuesta para eliminar temporalmente el IVU sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante noviembre y diciembre, con el propósito de aliviar el impacto económico del aumento en el costo de la electricidad.
“Hoy estoy sometiendo a la Junta de Supervisión Fiscal una medida para que evalúe y valide una exención temporera sobre el impuesto de ventas y uso, IVU, sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante los meses de noviembre y diciembre, como una medida inmediata y temporera para aliviar el bolsillo de cada familia ante los altos costos de energía”, dijo la mandataria durante un mensaje desde La Fortaleza.
González Colón explicó que, de recibir el aval de la Junta Fiscal, la exención entraría en vigor automáticamente mediante una determinación administrativa del secretario de Hacienda. La propuesta todavía no cuenta con esa autorización.
Como parte de otros esfuerzos de alivio energético, la gobernadora anunció una asignación de 3 millones de dólares mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para beneficiar a 1,000 pequeñas y medianas empresas y señaló que se identificaron 18 millones de dólares para un programa de climatización de hogares.
Además, informó que presentó legislación para establecer el mecanismo C-PACE, que permitiría a propiedades comerciales financiar placas solares, baterías y estaciones de carga para vehículos eléctricos sin desembolso inicial.
La administración también evalúa posibles créditos para aliviar directamente el costo de la factura eléctrica, pero González Colón aclaró que esas propuestas necesitan evaluaciones y autorizaciones adicionales de la Junta Fiscal antes de que puedan implantarse.

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