Denuncian contratos de hasta 8,960 dólares en el Departamento de la Familia

SAN JUAN – La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos, denunció el jueves que el Departamento de la Familia destinó 102,400 dólares a 14 contratos de servicios de centros de llamadas por períodos de aproximadamente un mes y reiteró su exigencia de que la gobernadora destituya a la secretaria Suzanne Roig Fuertes.

“Mientras la secretaria Roig gasta recursos en propaganda para decir que los sueldos de 7,000 dólares no existen, los contratos oficiales de la agencia demuestran lo contrario. Pero lo más importante aquí, ni siquiera es si esos contratistas ganan 4,000 u 8,000 dólares mensuales, sino que no hay ninguna justificación para que un empleado contratado gane más que un empleado de carrera”, expresó Martínez Santos en declaraciones escritas.

Según el sindicato, los documentos disponibles en la Oficina del Contralor reflejan seis contratos de hasta 7,360 dólares por servicios prestados entre el 31 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, además de otros dos por la misma cantidad correspondientes al período del 28 de agosto al 30 de septiembre.

La organización identificó también dos contratos de hasta 8,960 dólares, vigentes del 28 de agosto al 30 de septiembre, y cuatro adicionales de hasta 6,400 dólares, con fechas de inicio entre el 27 y el 31 de agosto y vencimiento el 30 de septiembre.

SPUPR sostuvo que las cantidades pactadas resultan desproporcionadas frente a la compensación de los empleados de carrera del Departamento de la Familia, quienes cuentan con años de experiencia y conocimiento especializado.

La controversia surgió luego de que, según la unión, la secretaria difundiera una comunicación con el logotipo institucional del Departamento de la Familia para calificar de falsas las denuncias relacionadas con los pagos a contratistas.

Martínez Santos cuestionó el uso de recursos públicos para responder a los señalamientos sindicales e insistió en que los documentos contractuales respaldan las cantidades denunciadas. Los montos citados corresponden a los contratos identificados por la organización y no necesariamente a pagos efectivamente desembolsados.

De acuerdo con SPUPR, empleados del Programa de Determinación de Incapacidad habían expresado preocupación por estas contrataciones mediante comunicaciones dirigidas a la administración de la agencia y al comisionado de la Administración del Seguro Social.

El sindicato señaló que un contrato posterior, correspondiente al período de 2026 a 2028, ya no incluye la partida que, según su interpretación, permitía elevar las compensaciones a las cantidades denunciadas.

“Nuestro deber como sindicato es fiscalizar, defender a los trabajadores y exigir a las agencias públicas que actúen con transparencia. Ningún jefe de agencia nos va a desviar de esta misión”, sostuvo Martínez Santos.

Finalmente, la organización reclamó explicaciones sobre los criterios utilizados para seleccionar a los contratistas, las diferencias salariales respecto al personal de carrera y el uso de los fondos públicos, al tiempo que reiteró su petición de destituir a Roig Fuertes.