SAN JUAN – La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el miércoles que refirió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una investigación sobre la contratación de un exempleado del Municipio de Cabo Rojo antes de cumplirse dos años desde su salida del servicio público.
La investigación determinó que el exayudante especial renunció con efectividad al 9 de agosto de 2019 y, poco más de un mes después, incorporó una entidad dedicada a trabajos de limpieza y construcción.
Posteriormente, el exempleado recibió directamente del Municipio un pago de 250 dólares el 12 de agosto de 2020. Más adelante, como presidente de su corporación, presentó una cotización para trabajos de pintura y el Municipio pagó 16,000 dólares a la entidad el 6 de abril de 2021.
Según la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), existe la posibilidad de que el exempleado y el alcalde vinculado a las transacciones examinadas hayan incurrido en violaciones de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.
La legislación establece restricciones para que exservidores públicos intervengan o mantengan determinadas relaciones comerciales con la agencia para la cual trabajaron durante los dos años siguientes a la terminación de su empleo.
Corresponderá a la OEG realizar la determinación final sobre posibles violaciones.
Como parte de sus recomendaciones, la OCPR pidió al director ejecutivo de Ética Gubernamental evaluar el referido remitido el 20 de abril de 2026 y adoptar las medidas que estime pertinentes.
Asimismo, recomendó al alcalde de Cabo Rojo establecer controles para impedir que exempleados municipales comiencen relaciones comerciales con el Municipio antes de que transcurra el periodo de dos años requerido por ley.
Vega Fournier exhortó además a los funcionarios y empleados municipales a fortalecer los controles de contratación y promover una administración pública legal, transparente y ética.
El Informe de Investigación OC-27-29 está disponible en el portal de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
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