Aprueban ley para cancelar escaneo de furgones en puerto de San Juan

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el martes varias medidas legislativas, de camino al cierre de la sesión ordinaria.

En la Cámara, se le dio el visto bueno a una medida de la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón para derogar la Ley 12-2008, que estableció la política pública en el área de seguridad portuaria, con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1304  expone que el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado durante más de una década sobre 168 millones de dólares relacionados con este contrato y los cargos asociados al escaneo de furgones han sido trasladados, en última instancia, al consumidor puertorriqueño.

“La derogación de esta legislación y el establecimiento de una nueva política pública representa un paso importante para reducir costos innecesarios en el movimiento de carga, simplificar los procesos en los puertos y contribuir a aliviar presiones que inciden directamente sobre el costo de vida en Puerto Rico”, reza la legislación.

Desde entonces, la compañía S2 Service Puerto Rico LLC ha peticionado a la Autoridad de los Puertos alrededor de 100 millones de dólares por concepto de la terminación del contrato, intereses sobre pagos, así como facturas y balances pendientes.

El Ejecutivo y el Legislativo han insistido en que el modelo ha probado ser costoso e ineficiente, por lo que buscan impulsar una nueva política pública de seguridad portuaria, que se ejecutará en coordinación con el gobierno federal, “para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias”.

El proyecto de ley también destaca que las prácticas de seguridad portuaria han evolucionado desde la implementación de la Ley 12 y, actualmente, las estrategias más efectivas de inspección se fundamentan en modelos de análisis de riesgo, inteligencia y selección dirigida de cargas sospechosas.

La Cámara también aprobó legislación para prohibir la venta de vaporizadores a menores de veintiún años, establecer una amnistía de sesenta días para la entrega voluntaria de armas ilegales, asignar cinco millones de dólares anuales a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico y aumentar el presupuesto vigente del gobierno en seiscientos treinta y cinco millones de dólares. Además, avaló medidas para exigir transparencia salarial en procesos de reclutamiento, aumentar fondos para eventos hípicos, fortalecer la capacitación sobre violencia doméstica entre fiscales, policías y peritos forenses, promover el reciclaje de propaganda política, ampliar licencias para donantes de sangre y médula ósea, crear oficinas municipales para protección animal e integrar a los municipios a la estrategia tecnológica gubernamental.

Por su parte, el Senado aprobó una legislación que crea la Ley de Cátedras Dotadas e Incentivos Contributivos para fomentar aportaciones privadas a la Universidad de Puerto Rico mediante beneficios contributivos destinados a financiar cátedras, plazas docentes y proyectos académicos. También dio paso a una reforma de honorarios notariales, una medida sobre el uso de cannabis medicinal por empleados en funciones sensitivas de transporte y otra que tipifica como delito grave la operación clandestina de hogares para adultos mayores sin licencia.

Los senadores aprobaron además legislación para fortalecer la protección de animales, ampliar facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor en la defensa de adultos mayores, establecer mayores protecciones laborales para víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y reducir de seis a tres meses el tiempo de espera para que jóvenes con licencia de aprendizaje puedan obtener una licencia de conducir.

Asimismo, recibieron aval medidas para atraer y retener médicos mediante incentivos, extender beneficios contributivos a jóvenes empresarios, ampliar la participación municipal en el manejo de neumáticos desechados, proteger a menores víctimas de abuso sexual, permitir exenciones de cristales especiales a personas con autismo y condiciones sensoriales, agilizar procesos relacionados con embarcaciones, publicar información sobre proyectos tecnológicos gubernamentales, fortalecer el fideicomiso de retiro de la Policía y garantizar acceso equitativo a programas de vivienda financiados con fondos federales.

La agenda legislativa también incluyó iniciativas sobre agricultura, educación, energía, conservación ambiental, propiedad comunitaria, desarrollo municipal, infraestructura, seguridad pública y reconocimiento a figuras destacadas del servicio público, el deporte y la comunicación en Puerto Rico.