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Gobernadora firma ley que permitirá pagar deudas de luz y agua con planes ajustados a los ingresos

Gobernadora firma ley que permitirá pagar deudas de luz y agua con planes ajustados a los ingresos

LA FORTALEZA – La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón firmó una ley que establece planes de pago ajustados a la capacidad económica de los clientes residenciales con deudas por servicios de agua potable y energía eléctrica, como parte de un grupo de medidas legislativas anunciadas el jueves.

La Ley 235-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 133 del representante Jorge Navarro Suárez, también permite que pequeños comercios elegibles paguen a plazos la porción de sus facturas eléctricas correspondiente a aumentos extraordinarios en los costos de combustible o compra de energía.

La medida forma parte de seis leyes y cuatro resoluciones conjuntas firmadas por la primera ejecutiva, que incluyen disposiciones relacionadas con la regulación del voceteo, el reconocimiento de la Lengua de Señas Puertorriqueña y asignaciones presupuestarias para servicios de rehabilitación.

Entre las medidas aprobadas figura la Ley 233-2026, que prohíbe el voceteo entre las 10:01 de la noche y las 6:59 de la mañana, con restricciones durante las 24 horas en determinadas zonas escolares y de tranquilidad. La legislación también establece multas administrativas y permite que los municipios regulen esta práctica durante el horario diurno.

Por otra parte, la Ley 238-2026 reconoce oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña como lengua natural de la comunidad sorda y parte del patrimonio cultural de Puerto Rico, mediante una política pública dirigida a proteger sus derechos lingüísticos.

Mediante la Resolución Conjunta 91-2026, González Colón autorizó una asignación recurrente de 5 millones de dólares anuales del Fondo General, a partir del año fiscal 2027-2028, para cubrir gastos operacionales de la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico y apoyar sus servicios a personas con diversidad funcional y sus familias.

En el ámbito contributivo, la Ley 232-2026 incorpora expresamente al Código de Rentas Internas la exención sobre los ingresos por horas extras trabajadas por integrantes del Negociado del Cuerpo de Bomberos, incluido el personal de rango.

“Nuestros bomberos extienden sus jornadas para atender emergencias y proteger vidas y propiedades en todo Puerto Rico. Con esta firma, dejamos claro en el Código de Rentas Internas el trato contributivo que corresponde a la compensación por esas horas de servicio”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

Asimismo, la Ley 231-2026 declara el primer domingo de noviembre de cada año como el Día de la Movilidad Asistida, con el propósito de promover el conocimiento sobre equipos como sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas. El Departamento de Estado, en colaboración con Educación y otras agencias, coordinará iniciativas de orientación sobre su utilización y mantenimiento.

Otras disposiciones incluyen la Ley 234-2026, que permite transferir la certificación de agricultor bona fide al cónyuge sobreviviente que cumpla con los requisitos; la Ley 236-2026, que regula los procesos de transición ante vacantes en alcaldías durante años no electorales; y la Ley 237-2026, que designa la carretera PR-685 de Manatí como la Ruta Gastronómica y Panorámica «Sabor de la Atenas».

Las resoluciones conjuntas restantes designan la carretera PR-652 con el nombre de Eduardo «Eddie» Jové Torres, reasignan 74,000 dólares para mejoras al Parque Robert Junghanns en Bayamón y atienden restricciones de segregación de terrenos del Proyecto Alvarado, en Orocovis.

Por otro lado, González Colón notificó el veto de cuatro proyectos de ley y dos resoluciones conjuntas mediante comunicaciones fechadas el 17 de noviembre.

Entre las medidas rechazadas figura una resolución que ordenaba estudiar alternativas para reducir la vulnerabilidad de la carretera PR-1 entre Salinas y Santa Isabel. Según la explicación de la gobernadora, el Departamento de Transportación y Obras Públicas carecía de una asignación presupuestaria para completar el estudio dentro del término de 90 días propuesto.

También vetó legislación relacionada con la participación de funcionarios del Departamento de Asuntos del Consumidor en emergencias, la autenticación de grabaciones utilizadas como evidencia penal, las cuotas de programas deportivos escolares y la ampliación de la comisión encargada de atender la pobreza infantil.

Finalmente, rechazó una resolución que ordenaba adoptar un reglamento de interconexión eléctrica para enero de 2027, al señalar que una resolución anterior ya establecía ese mandato y que duplicarlo podía retrasar el proceso reglamentario en curso.

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