Cámara aprueba medida para obligar al Gobierno a cancelar contrato con New Fortress Energy

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó en la Sesión Ordinaria del lunes una medida que obliga al Gobierno de Puerto Rico a cancelar el contrato con NFEnergía, mientras que en el Senado le dieron el visto bueno a una medida que prohíbe los honorarios contingentes, los cuales se relacionan con los cabilderos.

En la Cámara de Representantes se aprobó por descargue con el voto a favor unánime la Resolución Conjunta de la Cámara 428 radicada por el representante José Aponte Hernández

“Vamos a cancelar ya el contrato, señor presidente. Porque, mientras eso no se dé, van a seguir utilizando el control del muelle y el contrato de suplido de gas para chantajearnos y hacer lo que les dé la gana a ellos, no lo que le beneficia al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Aponte Hernández al presentar la medida ante el pleno.

La compañía filial de New Fortress Energy en varias ocasiones no ha sido consistente con el suplido de gas natural licuado.

Entretanto, en el Senado se aprobó el Proyecto del Senado 1447, que establece una prohibición sobre los honorarios contingentes vinculados a la contratación gubernamental y municipal.

La medida, presentada por petición y solicitada por el director ejecutivo de la Junta Fiscal Robert Mujica, en su Exposición de Motivos establece que “los honorarios contingentes se refieren a la compensación cuyo pago está condicionado al pago u otorgamiento de beneficios, con fondos o bienes públicos, a personas naturales o jurídicas, como compensación por la adjudicación de determinados contratos, licitaciones o servicios públicos. Esa práctica está prohibida en el gobierno federal de los Estados Unidos en lo relativo al uso de fondos federales, así como en 43 estados de la Unión. Esa prohibición, sin embargo, no existe en Puerto Rico”.

Además, extiende sus disposiciones a municipios y consorcios municipales, establece una definición uniforme de “honorario contingente” y requiere que todo contrato gubernamental o municipal incluya una certificación sobre el cumplimiento de esta prohibición.

El proyecto también enmienda el Código Penal para añadir un nuevo artículo como delito de intervención indebida mediante honorarios contingentes y establece sanciones para quienes participen intencionalmente en estos acuerdos, incluyendo a funcionarios o empleados públicos que otorguen contratos con conocimiento de su existencia. La legislación dispone, además, remedios como la restitución del honorario contingente, la cancelación contractual y la recuperación de fondos públicos, mientras que las entidades

La Cámara de Representantes aprobó además medidas para declarar monumento histórico el Túnel Guaniquilla en Cabo Rojo, establecer un programa de financiamiento para proyectos de energía limpia en propiedades comerciales y otras instalaciones, reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña y facilitar incentivos para emprendedores de la tercera edad. También avaló legislación para agilizar permisos a las industrias creativas, crear un sistema electrónico de licencias para pescadores, reorganizar funciones administrativas del Departamento de Educación, permitir la transferencia de la certificación de Agricultor Bona Fide al cónyuge sobreviviente y reducir de seis a tres meses el periodo de espera para obtener la licencia de conducir entre jóvenes de 16 y 17 años. Además, aprobó medidas relacionadas con las compras en tiendas militares y la designación de un complejo recreativo en Manatí.

Por su parte, el Senado aprobó legislación para establecer normas uniformes de operación y seguridad en los refugios de emergencia, permitir que policías pensionados regresen voluntariamente a labores administrativas y crear un protocolo conjunto entre la Policía y Corrección para investigar delitos en instituciones penales. También avaló una investigación sobre el cumplimiento de la ley que promueve servicios para personas adultas con impedimentos, una asignación recurrente de $1 millón para eventos hípicos y cambios al procedimiento de sucesión intestada para atender propiedades declaradas estorbos públicos y bienes hereditarios destinados a la Universidad de Puerto Rico.