Comisionado residente insiste en que Josué Colón debe salir del gobierno

SAN JUAN – El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera insistió el martes en que la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón debe destituir al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, al sostener que existen contradicciones entre su testimonio y documentos divulgados sobre la controversia relacionada con Power Expectations.

“Hace tiempo yo dije que yo creo que la gobernadora debe destituir a Josué Colón porque le ocultó, si es que de verdad le ocultó, las alegaciones de fraude por cerca de dos meses y casi le da un contrato a una compañía que se iba a beneficiar de ese fraude. Y para mí eso es inaceptable”, dijo Hernández Rivera en conferencia de prensa.

El comisionado residente sostuvo que corresponde a la Cámara de Representantes evaluar los documentos y realizar los referidos que entienda necesarios ante las aparentes contradicciones con el testimonio de Colón Ortiz.

“Al parecer hay una contradicción entre el testimonio de Josué Colón y el contenido de los documentos que se han hecho públicos. Le corresponde a la Cámara de Representantes hacer los referidos correspondientes”, expresó.

Hernández Rivera planteó que el asunto central de la controversia es que las alegaciones de fraude relacionadas con la firma del contrato de Power Expectations no fueron referidas a las autoridades durante aproximadamente dos meses y solo trascendieron luego de que la información fuera divulgada por la prensa.

“Por poco le damos un contrato de energía temporera a una compañía que sabemos que hay evidencia sólida de que cometió fraude para obtener ese contrato. Y la consecuencia de eso ha sido que hoy no tenemos contrato de generación temporera y estamos viviendo apagones y relevos de carga como consecuencia directa”, sostuvo.

Sobre la situación energética, Hernández Rivera atribuyó parte de los problemas actuales a la estructura contractual utilizada para privatizar la generación y al papel de New Fortress Energy en el suministro de gas natural.

“El problema de raíz fue la privatización de generación con una sola compañía, con un monopolio de esa fuente de energía, de cómo se recibe la energía y de cómo se genera la energía”, dijo.

A su juicio, futuras alianzas público-privadas deben incluir condiciones que protejan primero el interés público y eviten concentrar infraestructura y suministro en una sola compañía.

“Tenemos que habilitar la infraestructura para poder recibir distintas fuentes de energía. Tenemos que quitarle la exclusividad del puerto a New Fortress y tenemos que ser más rigurosos con prevenir los conflictos de interés”, expresó.

El comisionado residente también relacionó esa estructura con la controversia sobre los costos de combustible que el Negociado de Energía mantiene bajo revisión.

“Genera le compra energía a New Fortress, es como si tú administras un comedor escolar y le compras la comida al colmado de tus padres, pues todo el dinero se queda en la familia”, sostuvo Hernández Rivera.

Añadió que parte de la controversia por el aumento en la factura eléctrica está relacionada, según planteó, con gas adquirido por Genera y New Fortress que el Negociado de Energía no ha autorizado cobrar a los consumidores.

Hernández Rivera indicó que desde Washington se han realizado gestiones relacionadas con la crisis energética, entre ellas fiscalización sobre fondos federales y solicitudes para que el Departamento de Energía aumente su participación técnica en Puerto Rico.

“La primera fiscalización que se llevó a cabo tuvo que ver con los 300 y pico de millones de dólares que desviaron de paneles solares hacia otros usos que no se han especificado bien aún. También hemos logrado la asignación de mayores recursos para infraestructura eléctrica y estamos pidiendo que el Departamento de Energía ponga a sus peritos a colaborar en esta crisis de generación”, señaló.

También sostuvo que sus conversaciones con LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica reflejan problemas de coordinación entre las entidades responsables del sistema.

“Existe un serio problema de coordinación y necesitamos asegurarnos que existan los mecanismos para que esa coordinación se dé”, dijo.

En otro tema, Hernández Rivera cuestionó la permanencia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en el gabinete y sostuvo que los señalamientos recientes contra la agencia han hecho insostenible su posición.

“Suzanne Roig no merece la confianza de la gobernadora. Ha sido demasiado escándalo y demasiado consecutivo como para que sea sustentable su posición en el gabinete”, expresó.

“Yo creo que los gobernantes deben colocar personas en posiciones que estén capacitadas, que hagan su trabajo y que no estén de escándalo en escándalo, como lo ha estado la secretaria de la Familia durante los pasados meses”, añadió.

Preguntado sobre si las controversias relacionadas con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia han generado atención en Washington, Hernández Rivera sostuvo que actualmente el foco en la capital federal está en las elecciones de medio término, aunque advirtió sobre el efecto acumulativo de las controversias locales.

“Washington ahora mismo está pendiente a las elecciones de medio término, no está pendiente a lo que ocurre en ADSEF, pero el cúmulo de escándalos y malas experiencias que se están dando en Puerto Rico crean un ambiente cuando se habla de Puerto Rico que es nocivo para la isla”, afirmó.