San Juan — El representante por acumulación, Ramón Torres Cruz, envió una comunicación al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Hon. Víctor Parés, solicitando que se dé inicio formal a los trabajos de investigación ordenados mediante la Resolución de la Cámara 657, aprobada de manera unánime el pasado 19 de marzo de 2026.
La petición surge luego de que se informara públicamente que Carlos Manuel Estefano Pino (sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro en Caguas) se encontraba en la libre comunidad bajo el beneficio de libertad bajo palabra desde el 2018, a pesar de haber sido sentenciado previamente a 167 años de cárcel por los delitos de feminicidio, violación, sodomía y robo.
“Ante estos señalamientos, es imperativo que la Comisión de Gobierno active el vehículo legislativo ya aprobado para examinar a fondo el desempeño de la Junta de Libertad Bajo Palabra, sus procesos administrativos, el volumen de casos pendientes y los criterios utilizados para conceder este beneficio a convictos de delitos violentos”, expresó Torres Cruz.
Preocupa en hecho que el presidente de la JLBP expreso que la liquidación de la sentencia no está en el expediente.
La RC 657 ordena una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Junta, incluyendo los mecanismos para evidenciar el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes reciben el beneficio, así como las métricas utilizadas para evaluar la rehabilitación como fundamento principal de estas concesiones.
Aunque no es miembro en propiedad de la Comisión de Gobierno, Torres Cruz reiteró su disposición de colaborar en el proceso investigativo y de fiscalización en el uso adecuado de estos beneficios cuando está en juego la seguridad de nuestras familias.

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