SAN JUAN – La Fiscalía federal informó el jueves que Luis Jiménez Guzmán, empleado del Departamento de Hacienda, se declaró culpable por una conspiración de sobornos que causó una pérdida aproximada de 5 millones de dólares en recaudos contributivos.
“Nuestra oficina continuará procesando agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos”, expresó el fiscal federal Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
Según el acuerdo de culpabilidad, Jiménez Guzmán conspiró para cometer soborno en programas federales y fraude electrónico, además de aceptar pagos a cambio de actos corruptos.
Desde febrero de 2019 hasta marzo de 2023, el acusado trabajó en Hacienda con funciones que incluían acceso físico y electrónico a planillas, documentos de facturación y cobros de contribuciones adeudadas.
La Fiscalía federal indicó que Jiménez Guzmán tenía acceso privilegiado a las plataformas Puerto Rico Integrated Tax Administration System (PRITAS) y Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), donde podía modificar información de contribuyentes.
Como parte del esquema, aceptó pagos en efectivo y otros beneficios para someter información falsa a Hacienda, eliminar deudas contributivas, evadir contribuciones y obtener reintegros ilegales.
El 16 de agosto de 2021, según el acuerdo, Jiménez Guzmán recibió un soborno de 10,000 dólares de una persona identificada como Persona H para borrar o reducir una deuda contributiva de uno de sus clientes.
“Este procesamiento sirve como advertencia a otros empleados públicos involucrados en este tipo de esquemas de que serán investigados y procesados, y que estas violaciones no serán toleradas”, sostuvo Muldrow.
Carlos Goris, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, dijo que la agencia continuará investigando esquemas que comprometan la administración de programas gubernamentales.
“El FBI mantiene su compromiso de proteger la integridad de las instituciones públicas de Puerto Rico”, expresó Goris.
Jiménez Guzmán compareció ante Silvia Carreño Coll, jueza del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde renunció a la acusación por gran jurado y se declaró culpable por un cargo presentado mediante pliego acusatorio.
El acusado enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y libertad supervisada.
La investigación está a cargo del FBI. La fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy, de la sección de fraude financiero y corrupción pública, procesa el caso.
La Fiscalía federal indicó que el caso forma parte de un esfuerzo contra la corrupción pública y el fraude cometido por empleados del Departamento de Hacienda. En octubre de 2025, la oficina anunció acusaciones contra 26 personas y corporaciones en un esquema similar de soborno y fraude electrónico.

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