San Juan – La inspectora general Ivelisse Torres Rivera informó el martes que la entidad identificó deficiencias en el manejo de propiedades públicas administradas por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), entre ellas arrendamientos sin contratos vigentes, fallas en el cobro de rentas y gastos de agua y luz en estructuras cerradas.
“Como resultado de la intervención, la OIG emitió diversas recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos de la AEP, regularizar la situación de concesionarios que operan sin contratos vigentes, mejorar los procesos de cobro y facturación, completar la estructura organizacional relacionada con la administración de propiedades, desarrollar un programa formal de mantenimiento preventivo, actualizar la reglamentación institucional y cumplir con los requisitos legales de planificación estratégica y rendición de cuentas”, dijo Torres Rivera en declaraciones escritas.
Según Torres Rivera, durante visitas a propiedades clasificadas como cerradas, los inspectores encontraron escuelas ocupadas en Dorado, Yabucoa y Bayamón, además de estructuras deterioradas, vehículos abandonados, acumulación de desperdicios y una fuga de agua activa. El informe también señaló gastos cuestionados por más de 322 mil dólares, entre ellos cerca de 266 mil 70 dólares en consumo eléctrico y 56 mil 17 dólares en servicio de agua para propiedades que figuraban como cerradas.
El informe concluyó que la agencia dejó de recibir aproximadamente 258 mil 578 dólares por alquileres sin contratos formalizados.
Entre los casos señalados figura una institución educativa que ocupa una escuela pública desde 2023 sin contrato, situación que provocó ingresos no cobrados por cerca de 145 mil 989 dólares. También se identificó un operador de estacionamiento en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella que continuó operaciones durante años sin contrato vigente, lo que provocó pérdidas de alrededor de 100 mil 500 dólares.
La investigación también encontró contratos sin registrar o registrados tarde ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico, expedientes incompletos y ausencia de cláusulas requeridas por ley. Además, la OIG detectó diferencias entre los registros de propiedades cerradas de distintas oficinas de la AEP, situación que dificulta conocer cuántas estructuras están disponibles para alquiler y cuáles son sus condiciones.
La OIG indicó que parte de los problemas surgieron por falta de personal y vacíos administrativos tras una reorganización interna de la AEP. Como resultado, emitió recomendaciones para fortalecer los controles internos, regularizar contratos, mejorar los procesos de cobro, actualizar reglamentos y establecer programas de mantenimiento para las propiedades públicas.
El examen fue desde el 1 de julio de 2022 hasta el 22 de enero de 2026.
