SAN JUAN – La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, defendió el martes una opinión legal emitida por su departamento sobre la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), luego de que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, pidiera investigar si esa determinación buscó limitar una pesquisa interna de la agencia.
“Quien leyó la reciente comunicación del exsecretario en su totalidad pudo constatar que no hay ninguna alegación de actuación ilegal o indebida del Departamento de Justicia. No puede haberla porque no existe. Siempre hemos actuado conforme a derecho”, expresó Gómez Torres en declaraciones escritas.
En la querella contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, Negrón Reichard pidió que se investigue una “secuencia de obstáculos, presiones e intervenciones institucionales” que, según el exfuncionario, ocurrieron durante la investigación interna del DDEC y después de las denuncias.
El documento menciona “la emisión de una opinión legal emitida por la Secretaria del Departamento de Justicia, cuya intención el suscribiente entiende que fue socavar la autoridad del DDEC para llevar a cabo la evaluación e investigación interna; así como comunicaciones posteriores que el suscribiente interpreta como actos de represalia contra las empleadas denunciantes; y expresiones y acciones directas del Secretario de la Gobernación que el suscribiente considera incompatible con los principios de ética, imparcialidad y debido proceso que rigen la función pública”.
Gómez Torres sostuvo que Justicia investigó las denuncias de Negrón Reichard y las refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para que se designara un fiscal especial independiente contra 2 exfuncionarios de la OGPe.
“Tomamos acción en cuanto a sus denuncias y las referimos a la OPFEI solicitando que se designara un fiscal especial independiente para investigar a 2 exfuncionarios de la OGPe”, indicó.
La secretaria reaccionó a una nueva solicitud para ampliar la investigación que, según dijo, ya está bajo la jurisdicción de la OPFEI.
Gómez Torres rechazó que una opinión legal emitida por Justicia, a petición de un exsecretario auxiliar de la OGPe, tuviera el propósito de afectar la autoridad del DDEC.
“Esta es una interpretación errónea de dicha opinión, que fue realizada conforme al proceso ordinario en el Departamento, pues es parte de nuestro deber ministerial y atendemos consultas de las agencias constantemente”, sostuvo.
Según la secretaria, la opinión se limitó a definir las facultades técnicas de la OGPe en los procesos de otorgación de permisos.
“Es imperativo aclarar que la opinión legal emitida por este Departamento se circunscribe estrictamente a delimitar las facultades técnicas de la OGPe en lo que respecta al proceso de otorgación de permisos, para garantizar la agilidad de dicho proceso”, expresó.
Gómez Torres dijo que Justicia no interviene en la administración interna de la OGPe y que la opinión no guarda relación con la investigación que fue referida a la OPFEI.
“El Departamento de Justicia de ninguna manera interviene en la administración interna de dicha agencia y la opinión emitida en nada tiene que ver con la naturaleza de la investigación que referimos a la OPFEI”, indicó.
La secretaria también rechazó señalamientos sobre un posible conflicto de interés entre el DDEC y Justicia, al sostener que ambos departamentos forman parte del gabinete constitucional del Gobierno de Puerto Rico.
Gómez Torres defendió la labor de los abogados del Departamento de Justicia y dijo que la opinión fue preparada por personal con más de 20 años de experiencia en la agencia.
“No toleraré que se intente mancillar la integridad moral de este Departamento ni la de esta servidora con agendas que distan mucho de la búsqueda de la justicia”, sostuvo.
La secretaria afirmó que Justicia continuará evaluando los asuntos ante su consideración con apego al derecho, la prueba y los estándares éticos.
“Ningún señalamiento infundado apartará a esta institución de su función ministerial. Continuaremos ejerciendo nuestro deber fiscalizador con la firmeza y seriedad que el pueblo de Puerto Rico exige y merece; con acciones, no con palabras”, expresó.
