Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

La subsecretaria de Salud, Iris Cardona, apunta a la pantalla donde alegadamente están los datos que le permitirían, entre otras cosas, fiscalizar el proceso de vacunación. Foto por Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo

 

Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué.

Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.



El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus. Durante las primeras tres semanas se supone que solo se estuviera vacunando a los profesionales de la salud, y posteriormente a los adultos mayores de 65 años o más. Hasta el lunes se habían vacunado solo 68,000 adultos mayores según dijo a los medios el secretario Mellado, lo que equivale al 11 por ciento de los 600,000 adultos mayores en Puerto Rico.

El 28 de enero, el CPI demandó a Salud tras seis semanas solicitando infructuosamente detalles sobre la distribución y administración de las vacunas contra la COVID-19 en Puerto Rico. El viernes la agencia hizo una entrega de información incompleta. Aunque entregó la Lista de distribución de vacunas entregadas en cada centro de vacunación, no entregó el Registro de Vacunación. La agencia entregó un resumen que agrupa los datos por segmentos amplios de edad en 281 entradas, en vez de en los 247,000 récords individuales de las personas que, según ellos, habían sido vacunadas y registradas hasta el 29 de enero.

A este documento también le faltan campos de información básicos como por ejemplo género y área de residencia de cada vacunado. Cardona incluyó una certificación en la que sostiene que, pese que existe un formulario del DS en el que se requieren a los proveedores los datos sobre la justificación de cada vacuna que administra, la agencia no está solicitando a los proveedores que entren esos datos al sistema de información de inmunización de Salud, por lo que el DS no tiene acceso a por qué las personas se han vacunado.

El CPI pidió una reacción oficial a los doctores Mellado y Cardona sobre el por qué no piden a los proveedores la justificación de vacunación, y que explicaran cómo supervisan el buen uso de las vacunas sin esos datos, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Entretanto, el gobernador Pedro Pierluisi también dio instrucciones en enero de que se comenzara la vacunación a los maestros para intentar comenzar las clases presenciales a partir del 3 de marzo, así como a los primeros respondedores, pero la semana pasada Mellado detuvo el segundo grupo ante el atraso en la vacunación de los adultos mayores, quienes son los más vulnerables de muerte en la pandemia.

El CPI solicitó en la demanda la lista desglosada de las vacunas de COVID-19 y el Registro de Vacunación, sin datos personales de los individuos, sino con información demográfica, municipio de residencia, centro y fecha de vacunación y la justificación para administrar la vacuna. La información entregada, específicamente para atender la petición del Registro de Vacunación, no ofrece la justificación ni las edades exactas de cada persona a la que se le administró la vacuna. Tampoco ofrece la fecha exacta en que recibieron la vacuna y si es la primera o segunda dosis. Sin embargo, en la certificación de Cardona enviada al tribunal, ella misma admite campos de información como la edad y raza sí se han estado recopilando, y aún así no fueron incluidos en la entrega.

De la información de los grupos de edades que sí fue entregada se desprende que han sido vacunadas 120 personas menores de 17 años, 137,183 entre los 18 a 49 años y 64,693 personas entre los 50 a los 64 años. Se desconoce la justificación para estas vacunaciones y cuáles corresponden a profesionales de la salud que atienden pacientes.

El 15 de diciembre, día en que comenzó la vacunación en Puerto Rico, el CPI le preguntó a Cardona cómo Salud aseguraría el uso correcto de las dosis que iban recibiendo por parte de los proveedores y la funcionaria indicó que cada vacuna tenía que estar justificada según la fase en un registro que la agencia estaba manteniendo. Según dijo, esto se haría bajo la supervisión del DS y los proveedores participantes solo lo podían hacer “respetando ese marco conceptual de que la vacuna le llegue primero al que más la necesita”.

¿Y cómo ustedes fiscalizan eso?, preguntó el CPI.

“Acuérdate que hay una segunda dosis, hay un tracking, un registro”, dijo.

El CPI le preguntó si este tracto era para “cada vacuna” que un proveedor administrase, y la Subsecretaria respondió en la afirmativa.

¿Y quien hace ese tracking?, inquirió el CPI.

“El que vacuna tiene que reportar los datos al Registro de Vacunación. En el Registro de Vacunación, hay unas plataformas y ahí está la identificación de las personas vacunadas. Eso también nos ayuda a identificar los elementos adversos, si los hubiera”, sostuvo.

Existe un formulario oficial de la agencia llamado “Consentimiento de Administración de Vacunas” que todo proveedor debe asegurar que sea completado por cada vacunado donde se establece la “Clasificación del Paciente” por riesgo (en inglés “Patient Classification by Risk Group”).

En esa área se puede determinar si la vacuna se justifica, según la fase en curso, porque hay que marcar si se trata de un empleado de la salud que tiene contacto directo con pacientes, empleado de centro geriátrico, participante de Medicare Parte B o personal de primera respuesta, entre otros.

Sin embargo, Cardona dijo en la certificación entregada el viernes al CPI que “la información contenida en el formulario de Consentimiento de Administración de Vacunas no es recogida en su totalidad por nuestro Registro de Vacunas”. Aseguró que solo recoge información demográfica: nombre, seguro social, edad, dirección y raza y que por esa razón no cuentan con la información relacionada a la justificación para vacunarse.

La funcionaria también dijo en el documento presentado ante el tribunal que “la agencia no cuenta con el Consentimiento de Administración de Vacunas de toda la población que hasta el momento se ha vacunado”, ya que no le requieren a los proveedores que lo entreguen a la agencia.

“No existe requerimiento por parte del Departamento de Salud para que el documento sea puesto a disposición de la agencia, por lo que no tenemos acceso al mismo ni física ni digitalmente. Este documento está en posesión de los proveedores, y en muchos casos, forman parte del expediente médico del paciente vacunado”, indicó.

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