SAN JUAN (CyberNews)- El Gobierno de Puerto Rico tendrá que cumplir con varios requisitos para recibir unos 12 mil millones de dólares para el programa de Medicaid, luego de varios meses de negociación en el Congreso de Estados Unidos, anunció el sábado la comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.
“¿Ahora que va a pasar? En las próximas dos semanas, La Cámara de Representantes ve su versión (del proyecto), El Senado verá su versión (del proyecto) antes de diciembre 20 y se pondrán de acuerdo (lo que significa que irán a un Comité de Conferencias). Anoche estuvimos en la Casa Blanca, para que el presidente Donald Trump recomendara y aprobara- porque de nada nos vale un acuerdo bipartita si el presidente no lo va a firmar- y tengo que decirles que esto está incluido en el proyecto de precio de costos de medicamentos que se propuso en el Senado de manera bipartita”, dijo González Colón en conferencia de prensa.
El acuerdo en el Senado fue entre el presidente del Comité de Finanzas, el republicano por Iowa Charles Grassley y el demócrata por Oregón, Ron Wyden.
“Tengo una deuda de agradecimiento personal con el senador Grassley. Porque lo primero que me dijo en la primera de las múltiples reuniones que sostuvimos fue: No tengo problemas con la asignación de los fondos, con lo que tengo problemas es que ustedes se los roben, tengo problemas conque se malegasten y conque haya fraude. Y logramos en estos 6 meses convencerlo”, sostuvo la comisionada residente.
Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced agradeció los esfuerzos de la comisionada residente y el secretario de Salud para lograr el acuerdo.
“El éxito del trabajo en equipo quedó demostrado con este logro que es para beneficio de todos los puertorriqueños. Agradezco al secretario de Salud por su arduo trabajo para que no se afectara el programa de Medicaid para la Isla; a la comisionada residente por defender a Puerto Rico ante el Congreso para lograr la asignación de estos fondos; a PRFAA por dar seguimiento a la encomienda para este logro; y a todas las organizaciones de salud que representaron un apoyo y una contribución importantísima en esta gesta”, expresó la gobernadora.
Según el acuerdo, la financiación para Puerto Rico en los próximos años fiscales (AF) sería de 2,623,188 millones de dólares para el año fiscal 2020; 2,719,072 millones de dólares para el año fiscal 2021; 2,812,610 millones de dólares para el año fiscal 2022; y 2,914,331 millones de dólares para el año fiscal 2023.
Del año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2023 la financiación se incluirán 200 millones de dólares adicionales, si el secretario de Salud certifica que el Plan Medicaid de Puerto Rico cumplió con el pago de servicios médicos ambulatorios a una tasa que no sea inferior al 70 porciento de la tarifa de Medicare.
De igual forma, se aumenta la aportación federal que sería el porcentaje de asistencia médica federal (FMAP, por sus siglas en inglés) del 21 de diciembre de 2019 al 30 de septiembre de 2023 del 55 por ciento actual a un 76 por ciento también en los próximos 4 años.
Entretanto, el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado dio los detalles de los requisitos de cumplimiento. El funcionario insistió que a diferencia de otras agencias a las que le impusieron un monitor, las negociaciones en El Congreso lo libraron de ese requisito.
Ahora vamos a tener mas supervisión. Aquí la Oficina del Inspector General va a jugar un papel bien importante, porque ningún contrato que se se apruebe en ASES, sino es aprobado por ellos, no va. Así que tenemos que hacer todo un proceso transparente para cumplir con eso. Otra de condiciones es Auditoría. Nosotros tenemos ahora vamos a tener que poner una firma de auditores que estén allí (en ASES) que va a hacer ese informe. Ese informe tiene que pasar el crisol de la gobernadora y de El Congreso. También, va a haber una supervisión de la Oficina del Contralor de los Estados Unidos. Con esos procesos no vamos a tener problemas”, sostuvo el secretario.
Una vez se valide el acuerdo, Puerto Rico tiene 6 meses para escoger una entidad independiente que llevará a cabo una auditoría del programa Medicaid de Puerto Rico para el año fiscal 2022 y el año fiscal 2023. Dicha auditoría incluirá un examen de cualquier parte del programa de Medicaid (como protocolos de contratación, denegaciones de atención y gestión financiera) que el ente independiente determine que tiene un alto riesgo de derroche, fraude o abuso.
Si Puerto Rico no selecciona a un ente independiente para llevar a cabo la auditoría en la fecha especificada en dicha cláusula, habrá una penalidad de 50 millones por año.
En caso de que la entidad contratada notifique al Inspector General sobre áreas de alto riesgo de derroche, fraude y/o abuso, el Inspector General llevará a cabo, periódicamente, auditorías del programa Medicaid hasta que él determine que Puerto Rico ha tomado medidas razonables y apropiadas para abordar esas áreas de alto riesgo.
A más tardar 6 meses después de la fecha de promulgación de la ley, la agencia responsable de la administración del programa Medicaid de Puerto Rico designará a un funcionario (que no sea el director de dicha agencia) para que actúe como el Líder de Integridad del Programa para tal programa.
A los 12 meses después de la fecha de promulgación, Puerto Rico publicará un plan, desarrollado por Puerto Rico en coordinación y aprobado por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), sobre cómo desarrollará medidas para satisfacer la tasa de error de pago requisitos de medición (PERM), incluyendo puntos de referencia anuales y auditorías programadas para dicho cumplimiento. De la misma forma se deberá confeccionar un plan para cumplir con el control de calidad de elegibilidad de Medicaid (MEQC ) requisitos.
A más tardar el 1 de octubre de 2020, Puerto Rico publicará un plan de reforma de contratación para combatir los contratos fraudulentos, inútiles o abusivos bajo el programa Medicaid de Puerto Rico.
Si Puerto Rico no cumple con estos requisitos o cumple con los términos de dicho plan, el FMAP para dicho trimestre se reducirá en una cantidad de puntos porcentuales (que no exceda los 5 puntos porcentuales con respecto a cada falla) igual a 0.5 puntos porcentuales por cada trimestre fiscal durante el período en que Puerto Rico no haya cumplido con tal requisito o no haya cumplido con los términos de dicho plan. A menos que circunstancias atenuantes en las que las relaciones públicas puedan demostrar que ha realizado progresos objetivamente razonables para cumplir el plazo y ha presentado una solicitud de excepción oportuna.
Los fondos del programa de asignación mejorada están incluidos en el límite, tal y como ocurre en la actualidad.
Se requieren informes anuales al Congreso sobre como la isla ha utilizado los fondos adicionales para aumentar los pagos a los proveedores de atención médica; aumentar los beneficios cubiertos; ampliar las redes de proveedores de atención médica; o mejorar de cualquier otra manera la ejecución de dicho plan.
A más tardar el 1 de enero de 2022, el HHS realizará una revisión técnica de los procesos de audiencias y apelaciones disponibles para las personas que solicitan o reciben beneficios bajo el programa Medicaid de Puerto Rico y los procesos de audiencias y apelaciones disponible para los proveedores que participan en dicho programa para garantizar que dichos procesos cumplan con todos los requisitos aplicables.
A más tardar un año después de la fecha de promulgación, el Inspector General desarrollará y presentará al Congreso un informe que identifique los pagos realizados bajo el programa Medicaid de Puerto Rico a las organizaciones de atención administrada que el Inspector General determine que tienen un alto riesgo de derroche, fraude, o abuso; y un plan para auditar e investigar dichos pagos.
Puerto Rico establecerá y mantendrá un sistema para rastrear cualquier cantidad que el gobierno federal asigne a la isla con respecto al plan estatal de Puerto Rico (o una exención de dicho plan).
Además, el gobierno estatal deberá, previa solicitud, presentar a CMS toda la documentación solicitada con respecto a los contratos adjudicados en virtud del plan estatal de Puerto Rico.
A partir de los 12 meses posteriores a la fecha de promulgación de esta subsección, Puerto Rico comenzará a informar al CMS sobre todas las medidas incluidas en el cuadro de mandos de Medicaid y CHIP desarrollado por el CMS.
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