San Juan – Con el objetivo de transformar la respuesta del Estado ante situaciones familiares críticas y fortalecer los mecanismos de protección a la niñez, la representante Odalys González González radicó hoy una Resolución en la Cámara de Representantes de Puerto Rico dirigida a evaluar y ordenar los procesos de colocación voluntaria de menores en cuidado sustituto, así como a establecer estándares claros, uniformes y ágiles en toda la Isla.
La medida surge tras el reciente caso ocurrido en Caguas, donde una madre acudió a un cuartel para entregar a sus dos hijos, un evento que evidenció la necesidad urgente de contar con rutas accesibles, humanas y bien definidas para que las familias puedan solicitar ayuda sin llegar a escenarios extremos.
La Resolución ordena al Departamento de la Familia de Puerto Rico a certificar los mecanismos existentes de colocación voluntaria, detallar su base legal y procedimientos, documentar salvaguardas de debido proceso, presentar estadísticas institucionales y evaluar la viabilidad de implantar un estándar de hasta 48 horas para completar la tramitación administrativa inicial de estos casos. Además, dispone que, de no existir protocolos operacionales uniformes, se diseñe un programa administrativo formal con coordinación interagencial.
“Esta Resolución busca garantizar que existan rutas claras, rápidas y humanas para que las familias en crisis puedan solicitar apoyo; evitar improvisaciones cuando un padre o madre no puede hacerse cargo temporalmente de un menor; asegurar reglas uniformes en toda la Isla; proteger el bienestar del menor respetando los derechos de las familias; y prevenir que una solicitud de ayuda se trate automáticamente como un caso criminal cuando sea elegible como colocación voluntaria”, expresó la legisladora.
Entre sus objetivos principales, la medida procura:
· Establecer procesos consistentes y accesibles para atender crisis familiares.
· Reducir tiempos de respuesta y la incertidumbre que enfrentan los menores.
· Evitar la criminalización automática de padres o madres que buscan ayuda.
· Fortalecer la coordinación entre agencias.
· Sentar las bases para futuros cambios legales o administrativos sustentados en datos reales.
La Resolución es una herramienta de fiscalización y política pública que busca mover al Estado de una respuesta reactiva hacia un sistema organizado y preventivo, asegurando que Puerto Rico cuente con mecanismos ágiles y sensibles para atender a menores y familias que atraviesan situaciones de crisis.
El Departamento de la Familia tendrá un término de 45 días para someter el informe requerido y el análisis técnico correspondiente, lo que permitirá a la Asamblea Legislativa evaluar próximos pasos con información verificable.
