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Denuncian contratista por cobrar $65,000 y no construir residencia

Denuncian contratista por cobrar ,000 y no construir residencia
Foto: Suministrada por la Policía de Puerto Rico.

 

Aguadilla – La Fiscalía de Aguadilla, junto a personal de las secciones de Propiedad, Extorsiones, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas de la Policía de Puerto Rico, radicó en la tarde del jueves, 22 de enero de 2026, cargos criminales contra Antonio García Vélez, mayor de edad y residente del barrio Candelaria en Toa Baja, por tres cargos bajo el artículo 182 (apropiación ilegal) y por el artículo 204 (fraude en la ejecución de obras).

Según la investigación realizada por la agente a cargo del caso, los hechos se remontan al mes de marzo de 2024, cuando la perjudicada, identificada como Cinthia Intriago, observó un anuncio en redes sociales de la compañía Best Home Solutions and Constructions LLC (casas alpinas) y se comunicó con García Vélez interesado en la construcción de una residencia de tres cuartos.

El 3 de abril de 2024 ambas partes firmaron un contrato por la suma de $65,000 y, cinco días después, la mujer realizó un primer pago de $17,000 mediante transferencia bancaria. Posteriormente, el 20 de mayo de 2024, efectuó el depósito final de $48,000, ambas transacciones a través del Banco Popular.

Para abril de 2025, el imputado alegadamente solicitó $4,695.75 adicionales para gestionar permisos ante el Fondo del Seguro del Estado (FSE), dinero que también le fue enviado. Sin embargo, en mayo la perjudicada recibió una notificación del FSE reclamando el pago, luego de que el cheque emitido fuera devuelto por insuficiencia de fondos.

Ante la falta de comunicación por parte del presunto contratista, la mujer decidió viajar a Puerto Rico, donde constató que en el terreno no se había construido la residencia acordada en el contrato, por lo que notificó los hechos a la Policía.

La fiscal Sigrid Nazario del Toro presentó el caso ante el juez Rolando Matos Acevedo, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza global de $40,000, la cual fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio.

La investigación fue realizada por la agente Yansel Zambrana González, bajo la supervisión de la sargento Evelyn Vargas Barreto y la dirección del teniente Orlando Adames Cardona, director de la división REPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

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