SAN JUAN – La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció este viernes una medida dirigida a garantizar el pago de pensiones a más de 12,500 jubilados de la corporación pública, mediante la inclusión de los costos del sistema de retiro en una tarifa provisional para el año fiscal 2025-2026.
La directora ejecutiva de la AEE, ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, explicó que esta decisión surge tras evaluar múltiples alternativas y considerar que la única solución permanente es la incorporación de una tarifa estimada en 1.88 centavos por kilovatio-hora.
El ajuste, según indicó, será compensado por una reducción de más de medio centavo en la tarifa base recientemente aprobada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para el trimestre de julio a septiembre de 2025.
Zapata Acosta afirmó que esta propuesta permitirá estabilizar el Sistema de Retiro sin afectar la operación del servicio eléctrico, al tiempo que asegura el pago mensual de pensiones.
Además, señaló que la Junta de Supervisión Fiscal condicionó la asistencia temporal del fondo general del gobierno central a la existencia de un mecanismo de repago viable.
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La funcionaria recordó que desde 2014 no se realizan aportaciones patronales al sistema de retiro de la AEE, lo cual ha dificultado la planificación financiera para atender las obligaciones con los jubilados. Actualmente, la deuda relacionada con el sistema de retiro supera los $4,000 millones y se requieren aproximadamente $25 millones mensuales para cubrir los pagos.
Desde entonces, la AEE ha recurrido a fondos no recurrentes y préstamos gubernamentales, como un préstamo de $300 millones aprobado en diciembre de 2023, bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi. No obstante, estos recursos han sido insuficientes y temporales.
La AEE notificó en noviembre de 2024 que no podría continuar financiando las pensiones a partir de diciembre de ese año. Aunque la Junta Fiscal aprobó fondos para cubrir los pagos hasta junio de 2025, el 30 de junio indicó que no aprobará nuevos préstamos sin un mecanismo de repago definido.
Frente a esta situación, la corporación entiende que la única alternativa viable es el ajuste tarifario propuesto. El NEPR tendrá un plazo de 30 días para evaluar la medida.
“Esta propuesta no solo responde a una necesidad urgente, sino que refleja un compromiso firme con nuestros servidores públicos retirados y con una administración energética responsable y empática”, concluyó Zapata Acosta.
