33 personas enfrentan cargos por fraude con multas de tránsito y AutoExpreso

SAN JUAN – La Operación Eslabón derivó el martes en 135 cargos criminales contra 33 personas por un esquema mediante el cual se procesaron más de 100 pagos ilegales de multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso, por 308,573.13 dólares, con una tarjeta de crédito utilizada sin autorización entre junio y septiembre de 2021.

De acuerdo con la investigación, varios imputados suministraron la información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que eliminaran sus multas o consiguieran certificaciones con balances en cero.

Las transacciones se realizaron por medio de CESCO Digital y AutoExpreso durante un periodo en el que no existía ningún descuento ni amnistía.

“Nuestros agentes realizaron una investigación minuciosa que permitió identificar las distintas piezas de este esquema y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en él. Este resultado también demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el Departamento de Justicia para combatir los delitos económicos y proteger los fondos públicos”, expresó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en conferencia de prensa.

“Quienes pretendan beneficiarse ilegalmente de los fondos de los contribuyentes de Puerto Rico sepan que los vamos a identificar y a procesar con toda la severidad que permita la ley. Si creen que pueden participar de estos esquemas y salir impunes, están equivocados.

Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley. Esta investigación continúa, por lo que exhortamos a quienes tengan conocimiento de este tipo de esquema a que cooperen voluntariamente antes de que sea demasiado tarde”, dijo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.

Una institución bancaria descubrió el esquema después de detectar múltiples cargos en la tarjeta de crédito y presentó una querella. Los titulares reclamaron las transacciones no autorizadas y el Departamento de Hacienda devolvió los fondos correspondientes conforme al procedimiento establecido para pagos no reconocidos.

La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos. La investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía.

Entre los acusados figuran personas que recibieron el beneficio del pago de multas, quienes realizaron las transacciones, gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores. El Departamento de Justicia no divulgó sus identidades.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y fijó una fianza global de 1,231,000 dólares.

“Estos arrestos demuestran la importancia de la colaboración entre el DTOP, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para identificar, investigar y combatir cualquier intento de utilizar nuestros servicios para cometer fraude. En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan”, manifestó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

“En el Departamento de Hacienda actualizamos continuamente nuestros procesos y controles conforme evolucionan las tecnologías y herramientas de los procesadores de pago, con el propósito de prevenir, detectar y mitigar posibles esquemas de fraude. Asimismo, mantenemos una estrecha colaboración con las agencias fiscalizadoras y las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de información y el apoyo a las investigaciones correspondientes. Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a través de SURI Confidencia”, explicó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

La apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de prisión y el delito de fraude una pena fija de ocho años. La pesquisa permanece abierta.

Entre las partes perjudicadas figuran los titulares de la tarjeta de crédito, el Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el DTOP, CESCO, AutoExpreso y la institución bancaria.