SAN JUAN – La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, divulgó el lunes una auditoría al Municipio de Quebradillas que identificó pagos indebidos, contrataciones irregulares y deficiencias administrativas entre 2019 y 2023.
“Los recursos públicos deben administrarse con el más alto nivel de responsabilidad, transparencia y apego a la ley”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.
La auditoría cubrió el período del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2023 y emitió una opinión cualificada por 6 hallazgos relacionados con contratación gubernamental, compras, permisos, documentos públicos e inventarios de propiedad.
El informe identificó pagos por 922,922 dólares relacionados con 2 hallazgos principales. La cifra incluye 513,233 dólares pagados en exceso de lo contratado para asfalto y 409,689 dólares por servicios de acondicionadores de aire a un contratista sin la licencia requerida.
En el caso del asfalto, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico informó que el Municipio de Quebradillas formalizó un contrato por 15,000 dólares en septiembre de 2022, pero luego emitió órdenes de compra y pagos que totalizaron 528,233 dólares.
De acuerdo con la auditoría, el municipio no enmendó el contrato para aumentar la cuantía antes de los desembolsos. El informe concluyó que la actuación fue contraria a los requisitos de contratación gubernamental.
El alcalde sostuvo en sus comentarios al informe que el contrato establecía que el gasto dependería de la necesidad y que el asfalto fue adquirido mediante órdenes de compra. La Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece porque la cuantía debía modificarse mediante enmienda prospectiva.
Sobre los servicios de acondicionadores de aire, la auditoría señaló que el municipio pagó 409,689 dólares a una corporación cuyo presidente no tenía licencia de técnico de refrigeración y aire acondicionado.
“Los municipios tienen la responsabilidad de asegurarse de que los contratistas cumplan con todas las licencias, permisos y certificaciones requeridas por ley y reglamento antes de contratar sus servicios”, sostuvo la contralora.
El informe establece que 2 personas subcontratadas para trabajos especializados tampoco contaban con la licencia requerida. La Oficina de la Contralora indicó que el municipio no verificó adecuadamente esos requisitos antes de contratar y emitir órdenes de compra.
Otro hallazgo señala que el municipio fraccionó trabajos de repavimentación de caminos municipales mediante 2 contratos por 381,215 dólares, con lo que evitó el requisito de subasta pública formal.
La auditoría indicó que los contratos fueron otorgados por 194,765 dólares y 186,450 dólares para trabajos similares de acarreo, regado y compactación de asfalto en el mismo año fiscal y con fondos disponibles.
El alcalde sostuvo que las obras fueron contratadas como proyectos independientes. La Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece porque las especificaciones eran similares, los contratos se otorgaron dentro de un mismo año fiscal y el importe global excedía el límite para obviar la subasta pública.
La auditoría también determinó que las mejoras a la Plaza Pública Municipal comenzaron sin el permiso de construcción requerido. El permiso fue obtenido 304 días después del inicio de los trabajos.
El proyecto de mejoras a la plaza tuvo un contrato original por 392,463 dólares y una enmienda por 10,450 dólares. El municipio efectuó pagos por 382,946 dólares por trabajos realizados entre abril de 2022 y agosto de 2023.
En los procesos de compras, la Oficina de la Contralora identificó compras por 31,868 dólares sin las cotizaciones mínimas requeridas. También encontró 35 comprobantes de desembolso por 762,380 dólares con deficiencias en la identificación del personal que solicitó, recibió y aceptó cotizaciones.
La auditoría señaló además compras con fondos federales por 191,115 dólares en las que se especificaron marcas y modelos particulares para vehículos, tabletas, computadoras, enrutadores e impresoras, lo que limitó la competencia entre suplidores.
En cuanto a documentos públicos, el informe establece que el municipio no tenía normas ni procedimientos escritos para el recibo, conservación y disposición de documentos oficiales.
Los auditores identificaron documentos sin organización adecuada, cajas con humedad, paredes con comején, ventilación e iluminación inadecuadas, falta de anaqueles, cajas deterioradas y ausencia de alarma contra incendios y detectores de humo.
La auditoría también reveló que el municipio no realizó inventarios físicos anuales de propiedad en la mayoría de sus dependencias durante 5 años fiscales. El informe indica que la propiedad estaba registrada en 60 unidades municipales.
Como comentarios especiales, la Oficina de la Contralora informó pagos por 161,719 dólares relacionados con reclamaciones laborales y litigios de empleados municipales. Al cierre del período auditado también permanecían pendientes 4 demandas civiles contra el municipio por 1,130,000 dólares.
La Oficina de la Contralora recomendó recobrar de los funcionarios concernientes, contratistas o fianzas responsables los 513,233 dólares pagados contrario a la ley por asfalto y los 409,689 dólares pagados por servicios de acondicionadores de aire.
El informe también recomendó a la secretaria de Justicia y a la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado evaluar el hallazgo sobre las licencias requeridas para los servicios contratados.
“Las recomendaciones emitidas tienen el propósito de corregir las deficiencias identificadas y tener una sana administración pública en la administración municipal para prevenir la recurrencia de situaciones similares en el futuro”, concluyó la contralora.
