SAN JUAN – El Contralor Auxiliar del Área Legal, licenciado Rafael Vázquez, informó el martes el referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de hallazgos sobre irregularidades en compras y desembolsos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó Vázquez en declaraciones escritas.
La investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico cubrió el período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023 y surgió tras una querella relacionada con la tramitación de una compra y su desembolso correspondiente.
Según el informe, la pesquisa incluyó entrevistas, análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información provista por funcionarios y suplidores.
El hallazgo principal señala que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tramitó una orden de compra por 1,000 dólares para adquirir alimentos destinados originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023.
Tras cancelarse la reunión, funcionarios hicieron gestiones para justificar el desembolso bajo el argumento de que los alimentos fueron utilizados en un supuesto adiestramiento de propiedad mueble para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada”, apuntó.
Añadió que empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que aparecían en listas de asistencia, certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.
Como parte del expediente justificante del desembolso, el informe identificó un correo electrónico en el que se solicitó alterar la cuenta presupuestaria utilizada originalmente para la compra, una certificación firmada por un funcionario con información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
La auditoría también determinó que la compra se gestionó con una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado.
La Oficina de la Contralora concluyó que las situaciones reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos.
El informe señala que la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante los hallazgos, se remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación y acción correspondiente.
La Oficina de la Contralora recomendó además a la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato los procesos de compra, desembolso y supervisión.
El informe destaca la necesidad de implantar acciones correctivas y reforzar controles internos para garantizar que los recursos públicos sean administrados conforme a la ley y reglamentación vigente.