San Juan – La senadora del Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, presentó el Proyecto del Senado 1301, una medida dirigida a reforzar la seguridad y protección de menores de edad y personas con condiciones que limitan su capacidad de comunicación durante intervenciones terapéuticas individuales.
La propuesta enmienda la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para reconocer el derecho de padres, madres, tutores o encargados legales a solicitar la grabación en audio y video de sesiones terapéuticas cuando el paciente permanezca solo con el profesional que ofrece el servicio.
“Como madre y legisladora, entiendo que la seguridad y el bienestar de nuestros niños deben estar siempre por encima de cualquier consideración. Esta medida busca brindar tranquilidad a las familias y fortalecer la confianza en los servicios terapéuticos que reciben nuestros menores”, expresó la senadora Brenda Pérez Soto.
La legislación surge ante la necesidad de establecer mecanismos adicionales de protección para menores de edad y personas con condiciones del neurodesarrollo o limitaciones de comunicación que podrían enfrentar dificultades para relatar situaciones ocurridas durante una intervención terapéutica privada.
“Esta propuesta no pretende cuestionar la integridad de los profesionales de la salud, quienes en su inmensa mayoría realizan una labor extraordinaria. Por el contrario, crea una herramienta objetiva que protege tanto al paciente como al terapista ante cualquier alegación o controversia”, añadió la senadora.
El proyecto contempla estrictas medidas de confidencialidad, almacenamiento y acceso a las grabaciones, las cuales formarían parte del expediente clínico y estarían protegidas por las disposiciones federales de privacidad médica HIPAA y la legislación vigente en Puerto Rico.
“Estamos utilizando la tecnología disponible para añadir una capa adicional de protección a poblaciones vulnerables, siempre garantizando el respeto a la privacidad, la confidencialidad y los derechos de todas las partes involucradas”, concluyó Pérez Soto.
De ser aprobada la medida, el Departamento de Salud contará con 180 días para adoptar la reglamentación necesaria para su implementación.