SAN JUAN – El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el viernes que un gran jurado federal acusó a Harold Borrero Borrero por conspiración para distribuir sustancias controladas y delitos relacionados con armas de fuego.
Según documentos judiciales, Borrero Borrero conspiró con otras personas desde 2025 para poseer con intención de distribuir cocaína, cocaína base y marihuana en el residencial público Enrique Catoni, en Vega Baja.
Las autoridades federales indicaron que Borrero Borrero fue arrestado el 21 de mayo de 2026 en posesión de drogas y varias armas de fuego, incluida un arma sin número de serie.
Como parte de la conspiración, el acusado y otras personas tenían acceso a un vehículo que se asemejaba a un carro no rotulado de una agencia de ley y orden.
La acusación sostiene que el grupo almacenaba drogas en cantidades de kilogramos y dosis para usuarios, así como materiales de empaque, en una residencia utilizada para guardar sustancias controladas.
También se alega que mantenían armas y municiones de varios calibres para protegerse y proteger las drogas, además de comunicarse mediante teléfonos celulares.
Los documentos judiciales indican que el grupo poseía cientos de miles de dólares en efectivo, producto de la venta de drogas.
Las autoridades ocuparon además registros de ventas de drogas, distribuciones de dinero y otra información relacionada con la organización.
Entre los artículos descritos como herramientas del trasiego de drogas figuran un chaleco antibalas, pasamontañas negros, una tablilla adicional y una caja fuerte.
Borrero Borrero enfrenta un cargo por conspiración de sustancias controladas, 2 cargos por posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas, un cargo por posesión de arma de fuego por una persona prohibida, un cargo por posesión de arma de fuego en apoyo a un delito de narcotráfico y un cargo por mantener un lugar vinculado al trasiego de drogas.
El acusado compareció inicialmente el 21 de mayo de 2026 ante el magistrado federal Marcos López, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
De ser encontrado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
La Administración para el Control de Drogas y la Policía de Puerto Rico investigan el caso.
Las fiscales federales auxiliares Myriam Fernández González y María Montañez Concepción tienen a cargo el procesamiento.
Una acusación federal constituye solo una alegación y toda persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
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