SAN JUAN – El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, informó el miércoles que el Tribunal de Apelaciones acogió un recurso de la agencia y ordenó paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso sobre nuevas licencias de máquinas de juegos de azar en ruta
“Como consecuencia de esta determinación, la Comisión de Juegos suspenderá automáticamente el recibo de nuevas solicitudes de licencias de dueño mayorista u operador”, expresó Santaella Marchán en declaraciones escritas.
El recurso presentado por la Comisión solicita la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que ordenó recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia de dueños mayoristas u operadores de máquinas de juegos de azar en ruta.
“La determinación del Tribunal de Apelaciones preserva el orden regulatorio mientras se atiende la controversia en el foro judicial correspondiente”, sostuvo.
Santaella Marchán indicó que la Comisión sostiene que la Ley 11 de 1933 establece el marco legal sobre los términos, condiciones y plazos aplicables a dueños mayoristas con licencias activas y a cualquier nuevo solicitante.
El caso surge luego de que un grupo de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta obtuvo una sentencia de mandamus para que la Comisión de Juegos recibiera formalmente sus solicitudes, emitiera recibos oficiales, asignara números de expediente y procesara las peticiones.
Esa sentencia había sido emitida por la jueza superior Iris Cancio González, quien también advirtió que el incumplimiento con la orden podía conllevar desacato civil o criminal.
Santaella Marchán sostuvo que la Comisión continuará con su función reguladora mientras se atiende el recurso apelativo.
“La Comisión reitera su deber de implementar, fiscalizar y proteger la integridad regulatoria de la industria, así como de salvaguardar el interés público, conforme a lo dispuesto en la Ley”, expresó.
El funcionario añadió que la Comisión velará porque cualquier proceso de licenciamiento se lleve a cabo de manera ordenada, legal y conforme a la intención legislativa.