SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, reclamó el viernes al Departamento de Educación que deje sin efecto una política que obliga a trabajadores sociales escolares, consejeros profesionales y maestros bibliotecarios a sustituir maestros ausentes.
“No se puede pretender resolver la falta de personal docente a costa de debilitar servicios esenciales”, dijo Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.
“Hacemos un llamado al Departamento a que revise estas disposiciones con urgencia, porque podrían afectar tanto a los estudiantes como a las personas que los atienden”, añadió Bonilla Sánchez al cuestionar el alcance de la Carta Circular 021-2025-2026.
La organización sostuvo que la medida interfiere con las funciones propias de esos profesionales y limita la prestación de servicios especializados relacionados con salud mental, entorno familiar, conducta y desarrollo socioemocional del estudiantado. También alegó que la disposición distorsiona el rol profesional del personal escolar no docente.
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“Cada uno de estos profesionales cumple una función especializada que no puede ser sustituida ni interrumpida sin consecuencias.
Cuando se les desvía de sus responsabilidades para cubrir ausencias, se deja desprovistos a estudiantes que necesitan atención inmediata en áreas críticas”, dijo el secretario general de la Local Sindical, Ángel Javier Pérez Hernández.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico indicó que ya había expresado su oposición a esa disposición desde el 3 de marzo, antes de la emisión oficial de la carta circular. Además, señaló que la nueva política entra en conflicto con otras cartas circulares vigentes que regulan las funciones específicas de consejeros profesionales, trabajadores sociales escolares y maestros bibliotecarios.
Bonilla Sánchez reiteró el llamado al Departamento de Educación para que elimine esas disposiciones y abra un proceso de diálogo con los profesionales afectados.
El dirigente sostuvo que cualquier alternativa para atender la falta de personal docente debe responder de forma responsable a las necesidades reales del sistema educativo.
