SAN JUAN – El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz, presentó el jueves los resultados de un estudio sobre la viabilidad jurídica de que los municipios participen en la instalación, reparación y mantenimiento de luminarias, así como el estado del Programa de Alumbrado Público Comunitario.
Según el funcionario, el análisis evaluó la participación municipal a la luz de la Ley 57-2014, la Ley 17-2019, el Código Municipal y el marco contractual vigente del sistema eléctrico. El estudio concluyó que esa intervención es legalmente viable, siempre que opere bajo reglamentación uniforme del Negociado, con parámetros técnicos claros, coordinación con el operador del sistema y salvaguardas regulatorias.
“El Negociado de Energía reafirma su rol como regulador del sistema eléctrico, promoviendo una colaboración municipal ordenada y regulada para acelerar la ejecución y fortalecer la resiliencia del alumbrado público en Puerto Rico”, dijo Avilés Deliz en declaraciones escritas.
La presentación se realizó en una reunión con alcaldes celebrada en la Cámara de Representantes, encabezada por su presidente, Johnny Méndez Núñez, junto al representante Víctor Parés Otero, quienes indicaron que trabajarán legislación para establecer el marco jurídico mediante ley.
Al 30 de septiembre de 2025, el Programa de Alumbrado Público Comunitario contaba con 114 proyectos y una asignación aproximada de 1,676 millones de dólares en fondos federales.
El Negociado también emitió tres resoluciones para activar proyectos previamente excluidos del plan de ejecución y reasignar 527 millones de dólares en fondos federales para iniciar la Fase 1 en 35 municipios que no tenían fondos activos asignados.
Además, requirió a LUMA Energy información sobre acuerdos suscritos con municipios relacionados con alumbrado público y los criterios técnicos aplicables.
Las determinaciones buscan restituir proyectos excluidos, ampliar la cantidad de municipios participantes, acelerar la ejecución en municipios pendientes y maximizar el uso de fondos federales disponibles. Los alcaldes deberán someter comentarios al Negociado en o antes del 6 de marzo para la redacción del reglamento que regirá la participación municipal.
