SAN JUAN – La Asociación de REALTORS de Puerto Rico advirtió el viernes que la implementación de la Ley 102-2025 sin reglamentos ni enmiendas podría provocar riesgos al consumidor y generar incertidumbre jurídica en las profesiones impactadas por ese estatuto.
“Reconocemos la intención legislativa de la Ley 102, pero su implementación requiere un reglamento claro, justo y bien estructurado que tome en consideración las particularidades y los niveles de riesgo de cada profesión”, expresó Kristina Fábregas, presidenta de la asociación, en declaraciones escritas.
El estatuto, firmado el 1 de agosto de 2025 por la gobernadora Jenniffer González Colón, busca facilitar la movilidad laboral mediante el reconocimiento de licencias profesionales y ocupacionales emitidas en otras jurisdicciones de Estados Unidos, pero al momento no cuenta con la reglamentación necesaria para su ejecución.
Según expuso el gremio, al momento de la firma la propia Oficina de la Gobernadora reconoció que la ley requería enmiendas sustantivas, entre estas la adopción de reglamentos por cada Junta Examinadora, programas de orientación, métricas de impacto en retención laboral, acuerdos de reciprocidad y requisitos de educación continua sobre las leyes de Puerto Rico.
La legislación obliga al Departamento de Estado, a las Juntas Examinadoras y a varias agencias administrativas a establecer mediante reglamentos los procesos de solicitud, evaluación, licencias provisionales, tarifas y jurisdicción disciplinaria. Sin esos mecanismos, la asociación sostuvo que la ley no puede operar de forma segura ni equitativa.
En ese contexto, la Asociación de REALTORS de Puerto Rico reiteró su solicitud de excluir a los corredores de bienes raíces del alcance de la Ley 102, petición presentada ante la Asamblea Legislativa y la Gobernadora.
El gremio explicó que la profesión inmobiliaria no opera bajo un sistema uniforme de licencias en Estados Unidos, sino bajo marcos regulatorios distintos en cada jurisdicción, por lo que un reconocimiento automático en Puerto Rico podría afectar la protección del consumidor.
Finalmente, la organización urgió a la aprobación de los reglamentos pendientes, la radicación de las enmiendas anunciadas y la atención a la exclusión solicitada antes de que la ley entre en vigor, al advertir que la falta de acción mantiene a Puerto Rico en un escenario de incertidumbre jurídica y riesgo para los consumidores.
