LA FORTALEZA – La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón firmó cuatro leyes y vetó 5.
Entre las leyes firmadas se encuentra la Ley 177-2025, que crea las Cuentas de Ahorro para Personas con Discapacidades (ABLE), lo que permite a personas con discapacidad y a sus familias ahorrar sin perder elegibilidad para ayudas federales.
También se aprobó la Ley 178-2025, que duplica la deducción por aportaciones a cuentas de ahorro educativo de 500 a 1,000 dólares anuales. Además, la Ley 179-2025 aumenta la deducción permitida para cuentas IRA y la armoniza con el límite federal.
La Ley 180-2025 establece una exención contributiva sobre la ganancia por la venta de una residencia principal en Puerto Rico, siempre que el vendedor no reciba incentivos bajo la Ley 60 y haya ocupado la propiedad por al menos dos años de los últimos cinco. La medida busca reducir el precio de venta de viviendas principales y facilitar el acceso a hogares para familias puertorriqueñas.
De otra parte, la gobernadora vetó 5 proyectos del Senado.
El Proyecto del Senado 23, que proponía crear la Ley Uniforme de Procedimientos para el Cobro de Deudas del Gobierno, fue rechazado porque ponía en riesgo la recaudación de más de 20 millones de dólares y duplicaba procesos ya reglamentados por el Departamento de Hacienda. El Proyecto del Senado 47, sobre cambios al proceso de identificación de sospechosos, fue descartado tras recomendaciones del Departamento de Justicia, al aumentar costos operacionales para la Policía y carecer de evidencia que justificara su efectividad, además de limitar la discreción investigativa.
También se vetó el Proyecto del Senado 78, que asignaba fondos adicionales al Comité de Expertos sobre Cambio Climático, porque proponía un aumento no contemplado en el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.
El Proyecto del Senado 126, que ampliaba el uso de filas expresas a primeros respondedores, fue rechazado por falta de eficiencia y por imponer cargas regulatorias al sector privado.
Finalmente, el Proyecto del Senado 127, que establecía un retiro incentivado y garantías de pensión para empleados esenciales, implicaba un impacto fiscal cercano a 270 millones de dólares, cifra que el gobierno no puede asumir, además de contar con la oposición expresa de la Junta Fiscal.
