SAN JUAN – El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame y la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, se expresaron el domingo a la firma del Proyecto del Senado 63.
“Nuevamente el País recibe otro golpe a la democracia por la mayoría del liderato Partido Nuevo Progresista (PNP). Esta medida tiene el repudio de las organizaciones periodísticas. La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), en el Senado y la Cámara, así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara y de la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Es una medida propia de las dictaduras que tanto critican”, dijo Calderón Cerame. en declaraciones escritas.
La medida enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y le imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. “Si usted requiere información pública, ahora se impone un término de 20 días laborales para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, pero solo para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”, añadió.
Por su parte, Prados sostuvo que “Desde Victoria Ciudadana denunciamos que el liderato legislativo del PNP ha actuado, en su primer año de este cuatrienio, de forma revanchista, autoritaria y antidemocrática, aprobando medidas sin un análisis riguroso, sin escuchar a los sectores expertos y sin evaluar seriamente sus consecuencias para el país. “El país necesita más democracia, más transparencia y más derechos, no menos. Desde el Movimiento Victoria Ciudadana continuaremos denunciando estos retrocesos y organizándonos para defender un Puerto Rico donde el gobierno rinda cuentas y donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas”, expresó Prados.
“En momentos en que la tecnología digital ha acelerado los procesos gubernamentales en todo el mundo libre, ahora en Puerto Rico se eleva a 30 días laborables para producir la información que sobrepase las 300 páginas o tenga tres años de antigüedad. Sumado a eso, el lenguaje de la medida deja permite la solicitud de una extensión de 20 días adicionales para cumplir con la petición de información. En resumen, esa medida tiene el efecto se reducir las garantías de fiscalización pública, pues se extienden los plazos de entrega de información y establecer nuevas condiciones para las solicitudes”, finalizó Calderón Cerame.
