SAN JUAN– Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández, junto al secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, anunciaron el envío de cartas a la Fiscalía Federal en Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, solicitaron el jueves investigaciones sobre posibles conflictos de interés en la contratación de asesores financieros en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Los documentos destacan la contratación de la firma Houlihan Lokey por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), a pesar de que anteriormente representó a acreedores de la AEE. También cuestionan el nombramiento de Francisco Domenech como director de la AAFAF y secretario de la Gobernación, señalando que dirigió la firma de cabildeo Politank, que representó bonistas en Puerto Rico.
“Puerto Rico enfrenta un proceso de quiebra sin precedentes, y es inaceptable que quienes asesoran al gobierno en este proceso sean los mismos que, hasta hace poco, defendían los intereses de los bonistas de la AEE”, expresó Ferrer Santiago en declaraciones escritas.
“Es imprescindible que las autoridades investiguen si esta contratación viola normas de ética, conflictos de interés o incluso disposiciones legales”, agregó.
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Luis Javier Hernández indicó que la carta enviada a la Fiscalía Federal solicita una investigación bajo las leyes de corrupción y conflictos de interés, advirtiendo sobre la posible influencia de intereses privados en las decisiones gubernamentales.
Por su parte, Calderón Cerame explicó que en la carta al Departamento de Justicia se pide que se evalúe si las acciones de la AAFAF y su liderazgo violan el Código Anticorrupción de Puerto Rico, la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal.
“Es fundamental que el Departamento de Justicia investigue si la contratación de esta firma y el papel de Francisco Domenech cumplen con las leyes anticorrupción y de ética gubernamental. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a un gobierno transparente y libre de conflictos de interés”, afirmó.
En la carta enviada a la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa el caso de la quiebra de la AEE, se solicita una evaluación sobre los posibles conflictos de interés en la representación de AAFAF y su impacto en la integridad del proceso judicial. “Si los mismos asesores que antes defendían a los bonistas ahora están asesorando a la AAFAF, es necesario evaluar si esto afecta la equidad del proceso”, sostuvo Ferrer Santiago.
Los líderes populares recalcaron que las solicitudes de investigación buscan garantizar que las decisiones sobre el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico sean tomadas con transparencia y sin influencia indebida de actores privados con intereses económicos en la quiebra de la AEE.
