REDACCIÓN – La Alianza de Consejeros Profesionales de Puerto Rico (ACPPR) se opone al proyecto de ley que pretende crear un examen criollo. El Proyecto 234 del 2021, propuesto por los senadores José Luis Dalmau y Elizabeth Rosa Vélez, fue aprobado en el Senado en octubre de 2022, sin considerar la opinión de las organizaciones profesionales de consejería ni de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales.
“Desde el 2021 estamos batallando en contra de un proyecto que atenta hacia la profesión y la población a la cual se sirve. En mayo de 2021, las organizaciones profesionales enviaron al Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado una opinión conjunta en contra. Luego que el Senado aprobara el proyecto en octubre de 2023, representantes de la Alianza de Consejeros Profesionales, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y de la Junta Examinadora tuvieron audiencia con el representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara. Al día posterior, los representantes de ambas organizaciones profesionales tuvieron audiencias separadas con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y el asesor de la representante Lydia Méndez, Vicepresidenta de la Cámara. Al presente, luego de un año de la primera audiencia, este cuerpo legislativo continúa considerando este proyecto”, aseveró el doctor Julio Cruz, presidente de la ACPPR.
“El Proyecto 234 del 2021 forma parte de una agenda de años de intentar desmantelar la profesión en Puerto Rico. Desde el 2013, el senador José Luis Dalmau ha presentado insistentemente este proyecto que, desde su exposición de motivos hasta las enmiendas propuestas, demuestra completo desconocimiento de sus peticionarios y de los proponentes”, afirmó el también Consejero Profesional.
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Esta pieza legislativa propone enmiendas considerables que afectan el ejercicio competente de la profesión en Puerto Rico.
“Primeramente, en la exposición de motivos se manifiesta erróneamente que en los últimos años pocos candidatos han aprobado el examen nacional. Si van a las estadísticas provistas por la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales, conocerían que el porciento de aprobación ha fluctuado entre 40 y 50%, una estadística comparable a profesiones que administran revalidas criollas en Puerto Rico” añadió.
El doctor Cruz manifestó que, más allá del desarrollo de la profesión, este proyecto atenta contra la población a la que se atiende. “El proyecto propone otorgar una licencia a todo aquel candidato que reprobó el examen nacional entre el 2010 y 2020 y que presente evidencia de certificaciones o de trabajo realizado en funciones de consejería.
Con esto, se estaría promoviendo que personas que demostraron no tener las competencias mínimas ofrezcan servicios que afectan el bienestar del individuo en áreas educativas, personales y de carrera. Además, se estaría avalando violación a la Ley 147 del 2002, ley que regula la profesión en Puerto Rico, donde se establece que ninguna persona sin la licencia profesional correspondiente puede ejercer las funciones de consejero.
De esta manera, considerar la experiencia de personas que han ejercido ilícitamente es un agravio para la profesión y los profesionales que sí demostraron competencias y cumplieron el proceso requerido para ejercer en Puerto Rico.
El doctor Cruz añadió que la aprobación de este proyecto significa un retroceso al desarrollo que ha tenido la profesión en Puerto Rico y les alejaría cada vez más de ampliar el alcance profesional, de manera que estarían más distanciados de las competencias profesionales que rigen al Consejero en otras jurisdicciones.
