Plan aprobado por Junta Fiscal obligará el cierre de 30 municipios, según denuncian

 

SAN JUAN (CyberNews)- Luego de que la Junta de Control Fiscal aprobara el viernes el Plan Fiscal para el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), alcaldes y representantes del Partido Popular Democrático (PPD) insistieron que la movida provocará el cierre de operaciones de al menos 30 municipios por falta de fondos el primero de julio de este año.

“Esta es una situación de emergencia a la que se debe unir de manera inmediata tanto el Gobierno Central como el Senado de Puerto Rico, porque a nadie le conviene la paralización de servicios de todo tipo que ofrecemos los municipios”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz en declaraciones escritas.

“La realidad que el País debe conocer y oponerse por su injusticia, es que el pasado viernes, la Junta Fiscal rechazó nuevamente la solicitud del Gobierno Central de mantener la aportación al Fondo de Equiparación Municipal en 88 millones de dólares, y también que el gobierno cubra lo que son las aportaciones de los municipios para financiamiento de la tarjeta de salud administrada por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

Luego de años de reducciones y limitaciones, este es el nuevo escenario que tenemos presente”, añadió el alcalde de Hormigueros, Pedro García.

Por su parte, los presidentes de la Comisiones de Asuntos Municipales y Hacienda, Juan José Santiago Nieves y Jesús Santa Rodríguez, respectivamente, solicitaron al Senado y a las delegaciones de minoría que se unan a las iniciativas para ayudar a los municipios.

“Llegó el momento de sentarnos en la mesa y legislar soluciones permanentes para, de forma simultánea, presentar a la JCF un plan de transición ordenado, para evitar los cierres municipales”, expuso Santiago Nieves.

Entretanto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, resaltó algunos puntos que serán presentados a la Junta de Control Fiscal, entre los que se encuentran:

  1. Mejorar estructuralmente el sistema de fiscalización para aumentar la base de propiedades.
  2. Eliminación de subterfugios en exenciones y exoneraciones indebidas.
  3. Bajar la tasa del impuesto al inventario y mover la facturación al momento de la venta.
  4. Aumentar la fiscalización del room tax en los RB&B dándole participación a los municipios.

  1. Modificar las exenciones totales de los recaudos municipales en los incentivos de la ley 60.
  2. Revisitar las medidas que transfieren activos y competencias a los municipios para bajar el gasto gubernamental.
  3. Utilizar los 44 millones de dólares asignados para la creación de consorcios para financiar los cambios estructurales y regionales necesarios para implementar la nueva política pública en el CRIM.
  4. Asignar 120 millones de dólares al Fondo de Equiparaciones, acordando una reducción escalonada razonable mientras se implementan todos los cambios de forma ordenada.

“Entendemos que el tema debe tratarse con carácter de urgencia porque ciertamente la determinación de la Junta pone en peligro a varios Municipios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ha quedado demostrado que son los municipios los que atienden las necesidades inmediatas de la gente”, sostuvo Santa Rodríguez.

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