Hombre de Río Piedras es detenido y acusado por el foro federal por graves delitos

 

SAN JUAN (CyberNews) – El juez federal Marshal Morgan autorizó el lunes, una denuncia penal contra Gilberto Raffols Cuevas, de 33 años, alias “Tito”, de San Juan, por supuesta producción de material de explotación infantil, coerción y tentación de un menor, posesión de pornografía infantil y distribución de pornografía infantil, anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

El arresto sigue a una investigación realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) con la asistencia del Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, del 1 al 28 de abril de 2022, Gilberto Raffols Cuevas persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a una menor para que participara en actividades sexuales. El hombre fue arrestado en su residencia sin incidentes.

La denuncia penal alega que Raffols Cuevas estaba teniendo conversaciones sexualmente explícitas con una niña de 10 años y que Raffols Cuevas le pidió fotos desnudas.

La víctima envió fotos al acusado y Raffols Cuevas exigió más fotos y más sexualmente explícito. Ante la inobservancia de la menor, Raffols Cuevas amenazó con subir sus imágenes a sus cuentas de Instagram y con compartirlas con una cantidad inimaginable de personas. El acusado también envió fotos de su pene a la menor. Como la menor no cumplió con el pedido del imputado, envió material pornográfico a otra menor.

Raffols Cuevas tuvo su audiencia inicial ante el juez federal Morgan el 13 de mayo. Fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo en espera del resultado de su caso.

Si es declarado culpable, Raffols Cuevas enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años a 30 años de prisión por la producción de material de explotación infantil, y un mínimo obligatorio de 10 años a cadena perpetua, seguido de libertad supervisada a cadena perpetua.

La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está a cargo del enjuiciamiento de este caso.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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