Alcalde de Mayagüez le dice al Departamento de Justicia que refieran al FEI a gobernadores

 

MAYAGÜEZ (CyberNews) – El alcalde de Mayagüez José Guillermo “Guillito” Rodríguez enumeró el lunes, varios casos de figuras investigadas por lal Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y que “prevalecieron” en sus investigaciones y catalogó como “anticipado” el referido al FEI para su investigación solicitado por el Departamento de Justicia.

“Si el Departamento de Justicia ha concluido que el alcalde tiene responsabilidad de responder por las desviaciones, y actos de corrupción de las personas que los cometan, el pueblo se preguntará, porqué la misma vara no se ha aplicado, a los gobernantes que, en su gobierno, se le han radicado cargos de corrupción o han sido declarados culpables esos funcionarios por haberlos cometido. Tan ejecutivo es el gobernador como un alcalde”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.

El Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y la gerente de Finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrades, por las supuestas actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), así lo informó el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario de Justicia acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querelladas. Particularmente, las actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.

“Este es el primer “round” e inicio, de lo que podrá ser, un largo proceso”, sostuvo el alcalde al alegar que “Le anticipé a mi familia y al Caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”.

El alcalde, en sus declaraciones, hizo una relación de los ejecutivos municipales “del Partido Popular, a los que el Departamento de Justicia le había sometido la recomendación de un FEI, los que tuvieron el derecho de establecer su defensa y de prevalecer en el proceso”.

Mencionó “al fenecido Marcelo Trujillo, exalcalde de Humacao, Joe Román en dos ocasiones, exalcalde de San Lorenzo y expresidente de la Asociación de Alcaldes; Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba y actual Presidente de la Asociación de Alcaldes; Carlos López, alcalde de Rincón; Heriberto Vélez, alcalde de Quebradillas; Charlie Delgado, exalcalde de Isabela y quien fuera candidato a la gobernación”.

“Todos tuvieron el derecho de defenderse y todos prevalecieron. Recientemente el 23 de julio se hizo público el referido de Justicia al Panel del FEI del actual alcalde de Guayama y a su directora de finanzas, quien estoy seguro también prevalecerán en su proceso”, añadió el ejecutivo municipal.

“Hace aproximadamente una semana, dos funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, excelentes servidores públicos, fueron sometidos a un proceso que duró cinco largos años, donde al final, un tribunal los declaró no culpables, de las acusaciones infundadas que le hicieron. Aunque la opinión pública se volcó en contra del Panel del FEI esas acusaciones viciosas y sin fundamento en derecho las originó el Departamento de Justicia, acusaciones que finalmente un tribunal desestimó y que nunca debieron ser radicadas en derecho”, argumentó Rodríguez quien aprovechó para denunciar que el hecho de su referido al FEI responde a un supuesto retraso de fondos para la reconstrucción de su ciudad.

“Nada interrumpirá el trabajo de recuperación de la Ciudad de Mayagüez, detenido viciosamente por el retraso injustificado, de los fondos necesarios para realizarla.

“Este es el primer round de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la Gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, concluyó el alcalde.

Justicia informó que, de acuerdo con su investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de 9.8 millones de dólares de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos. Además, alegaron que la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley Núm. 2 de 1988, mejor conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico. Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

El 29 de marzo de 2021, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique Meléndez Ortiz, solicitó al Departamento de Justicia que investigara “la conducta y actuaciones del alcalde y funcionarios municipales, así como el uso del dinero asignado por la legislatura estatal”, luego de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenciara varias órdenes de arresto relacionadas con unas transacciones financieras supuestamente realizadas por personal contratado por el municipio de Mayagüez, MEDI y el ejecutivo municipal.

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