La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo Torres García, atendió el, miércoles, el inicio de la discusión sobre el Proyecto de la Cámara 3, que busca derogar la Ley 4 de 2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral.
La medida presentada por Torres García y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), recibió en horas tempranas la opinión de José Rodríguez Vélez, representante del Movimiento Solidario Sindical (MSS), organización independiente que representa a cientos de trabajadores de la industria privada, empleados en la manufactura y distribución de bebidas gaseosas por empresas como Pepsi y Coca Cola.
Rodríguez Vélez, aunque se expresó a favor de la medida, presentó varias preocupaciones sobre la legislación tal y como fue redactada. “Celebramos y apoyamos los esfuerzos de los legisladores que se han propuesto derogar la mal llamada reforma laboral. No obstante, nos surgen varias preocupaciones”, señaló el representante de MSS en comunicación escrita.
El deponente, explicó que las preocupaciones de su organización se enmarcan en el lenguaje empleado en el preámbulo a la exposición de motivos entorno a “reestablecer” la presunción del despido sin justa causa; el lenguaje propuesto para el Artículo 8 de la Ley 80, en torno al periodo probatorio automático; la necesidad de que se integren o armonicen disposiciones de varios proyectos de leyes laborales que se encuentran presentados en la legislatura y la necesidad de una verdadera reforma laboral.
Sobre la medida, que derogaría la Ley 4, el representante Denis Márquez alertó la necesidad de enmendar el proyecto para salvaguardar los beneficios agregados tras la aprobación de la reforma laboral. “Con la aprobación del Proyecto de la Cámara 3, se estaría derogando las pocas cosas positivas que añadió la Ley 4”, agregó.
“Con este y el Proyecto de la Cámara 112, de mi autoría, mi posición siempre será a favor de la defensa de la clase trabajadora. En un mundo donde el balance del poder siempre está a favor de una sola parte, se deben reconocer y ampliar los derechos de la clase trabajadora”, determinó el representante Márquez, quien también propuso un proyecto a favor de enmendar decenas de artículos de la Ley 4 del 2017.
Según reza la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 3, la Reforma Laboral no hizo más que desmantelar los derechos que la clase trabajadora había conquistado a través de décadas de lucha. La legislación no condujo a la creación de empleos que pregonó el gobierno de turno ni mejoró las condiciones materiales de nuestro pueblo; por el contrario, llevó a la precarización de la clase trabajadora.
También, los representantes recibieron la comparecencia de Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales. La organización, se mostró en contra del Proyecto de la Cámara 3.
A través de una ponencia escrita, Rodríguez argumentó que la Comisión no se debe centrar en derogar la Ley 4 de 2017, “sino en hacer una composición balanceada sobre cuáles de sus disposiciones ameritan ser preservadas y cuáles deben modificarse. Así las cosas, el análisis legislativo debe partir de una evaluación objetiva de los aspectos favorables que representaron un paso de avanzada en dicha Reforma, a la vez que se evalúan aquellas vertientes que deben modificarse o mejorar”, expresó.
Por su parte, el representante de la Asociación de Industriales, también señaló que cualquiera que sea la decisión de la legislatura, el proyecto pasará por el crisol del primer ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), quienes deberán evaluar si los cambios al marco jurídico laboral tienen algún impacto fiscal y su compatibilidad con el Plan Fiscal Certificado por dicho organismo federal.
Por último, la Comisión de Asuntos Laborales recibió el insumo del licenciado Cristian Bernaschina, miembro de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, quien se mostró a favor de las medidas sugeridas por la JSF.
“Nuestra asociación respalda plenamente el esfuerzo liderado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Departamento de Desarrollo Económico a impulsar cambios estructurales y operacionales para mejorar nuestra facilidad de hacer negocios en Puerto Rico y reducir los costos de hacer los mismo”, añadió.
“Estamos de acuerdo con el aumento del salario mínimo de los constructores. Sin embargo, no favorecemos la disposición (del Proyecto) que se mantiene sobre los acuerdos laborales.
Muchos proyectos de los Estados Unidos con políticas a favor de estos acuerdos laborales experimentan retrasos, incremento en los costos y empobrecen la capacidad de reclutamiento”, sentenció Bernaschina.
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