EL CAPITOLIO (CyberNews)- La Cámara de Representantes aprobó el martes de forma unánime el Proyecto de la Cámara 120, conocido como la Ley de Retiro Digno, que establece la política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales.
“El propósito del Proyecto de la Cámara 120 es hacerle justicia a nuestros pensionados. Esta medida fue atendida responsablemente por nuestra comisión. Celebramos cinco vistas públicas en busca de establecer la Ley para un Retiro Digno”, sostuvo el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno.
Por su parte, la representante Lourdes Ramos- quien radicó el proyecto a petición de distintas organizaciones de pensionados- aseguró que “no va con amenazas”, en relación a la carta que envió la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre los recortes a las pensiones.
Del mismo modo, el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Carlos “Johnny” Méndez, dejo saber que si el gobernador veta la medida, su delegación se irá por encima de su veto.
“Cuenten con nuestra delegación para que este proyecto se apruebe. Tenemos que ser justos con nuestros pensionados” reiteró.
De la misma forma, Dennis Márquez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) favoreció esta medida y aseguró que, “si hay que enfrentar a la Junta en defensa del retiro digno, de los pensionados, pero sobre todo de la dignidad, lo haré”.
“Hago una exhortación al Senado de Puerto Rico a que le dé paso a esta medida de manera positiva para hacerle justicia a nuestros pensionados. Que seamos valientes y establezcamos la política pública de cero recortes a nuestros retirados, añadió Torres García.
También, la Cámara avaló el Proyecto de la Cámara 523, para garantizar el derecho propietario de los retirados sobre las pensiones. Esta medida enmienda las leyes de los diferentes Sistemas de Retiro del Gobierno: empleados públicos, maestros y judicatura, así como la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados, aprobada el pasado cuatrienio, incluye el mismo lenguaje en todas estas leyes para reconocer el derecho adquirido de los empleados públicos sobre sus pensiones.
Además, compromete al Gobierno a no actuar ni proceder de forma alguna que comprometa o propicie reducciones adicionales a las pensiones y dispone que el Gobierno NO adelantará imposiciones que resulten de procedimientos judiciales celebrados de conformidad con PROMESA, cuyo objetivo sea reducir las pensiones.
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