Junta Fiscal llega a un acuerdo sobre la deuda de Puerto Rico

 

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, anunció el miércoles, que llegó a un acuerdo, en principio, con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles luego de un proceso de mediación.

“Puerto Rico necesita dejar atrás la reestructuración de la deuda tan pronto como sea razonablemente posible con un acuerdo que sea sostenible para Puerto Rico”, expresó Skeel en comunicación escrita.

“Lo que logramos en este punto es una propuesta realista que abrirá un camino hacia la recuperación de la bancarrota, e informamos al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de nuestro acuerdo. Nuestro objetivo es presentar un plan de ajuste consensuado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible”, añadió.

Explicó que la Junta pidió al tribunal que extendiera el plazo hasta que se presente un plan de ajuste modificado, del 10 de febrero hasta el 8 de marzo próximo.

“Con el apoyo del equipo de mediación designado por el tribunal, solicitamos que el tribunal conceda más tiempo para continuar el proceso de mediación, establecer los términos acordados en un acuerdo de apoyo al plan y conseguir mayor apoyo entre los grupos de acreedores para un plan de ajuste justo y asequible que permita que la economía de Puerto Rico crezca y que el pueblo de Puerto Rico prospere”, expuso Natalie Jaresko, directora Ejecutiva de la Junta.

La Junta llegó a un acuerdo con los acreedores que tienen derecho a más de 7,000 millones de dólares en bono de obligaciones generales y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La Junta hará disponibles los términos del acuerdo en breve para permitir que otras partes se unan.

Este acuerdo se basa en principio en los Acuerdos de Apoyo al Plan ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados y con ciertos sindicatos. La Junta de Supervisión continúa sus esfuerzos para llegar a un plan de ajuste consensuado con tantas partes como sea posible, incluidos el Comité de Acreedores, sindicatos, tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) y aseguradoras de bonos.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi dijo: “Hoy, en cumplimiento con una Orden del Tribunal de Título III, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) presentó una moción en la cual informó que ha llegado a un acuerdo en principio con un grupo de acreedores de Bonos de Obligaciones Generales de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos. Este acuerdo en principio será la base para un futuro Acuerdo de Apoyo de Plan (PSA por sus siglas en inglés) y un Plan de Ajuste Enmendado (POA por sus siglas en inglés). La JCF también solicitó al Tribunal de Título III una extensión para presentar el Plan de Ajuste Enmendado que se ajuste al acuerdo en principio que ese ente ha alcanzado con un grupo de acreedores.

Aunque los detalles del acuerdo en principio no pueden ser divulgados, ya que las partes continúan inmersas en el proceso de mediación, el Gobierno entiende que los términos económicos del acuerdo en principio alcanzado por la JSF y un grupo de acreedores son factibles. Sin embargo, se le informó a la JCF que el Gobierno de Puerto Rico no apoyará un Plan de Ajuste que contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados. En ese sentido, exhortamos a la JCF a que presente un Plan de Ajuste que no contenga recortes a las pensiones y que refleje únicamente los términos económicos del acuerdo en principio. De esta manera, podremos movernos juntos a culminar este proceso de restructuración.

El Gobierno continuará participando activamente del proceso de mediación en aras de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.

En febrero de 2020, la Junta había presentado un plan de ajuste para reestructurar aproximadamente 35,000 millones de dólares de deuda y otras reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la AEP y el SRE. En respuesta al COVID-19, la Junta pidió al tribunal que pusiera ese plan en pausa para evaluar el efecto a largo plazo de la pandemia en Puerto Rico. La Junta y los acreedores reanudaron su mediación el verano pasado.

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