La Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico (Fedigas) reclamó este miércoles la intervención del gobernador Pedro Pierluisi y de la Legislatura ante el alza en el precio del producto, que en poco más de un año alcanzó 18 dólares en el cilindro de 100 libras.
“El monopolio de la industria del gas licuado sigue abusando del consumidor y del comerciante mediano y pequeño. Efectivo el 25 de enero de 2021, anunciaron otro aumento más, en esta ocasión, cinco dólares en el cilindro de 100 libras. Con los aumentos injustificados y abusivos impuestos en diciembre de 2019, el consumidor ha recibido aumentos con un impacto en su bolsillo de 18 dólares, en poco mas de un año. Estos aumentos han ocurrido después que Puma Gas le cedió las operaciones de gas a Empire Gas”, señala Fedigas en una comunicación escrita.
“El DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor) ha resultado en una agencia inoperante en favor de los intereses del consumidor. Determinó que los aumentos impuestos en diciembre de 2019 fueron contrarios a las regulaciones.
Les impuso una multa muy por debajo del máximo que permite una ley. Luego en el proceso administrativo, no solo les redujo la multa a niveles ridículos que incentivan la violación, sino que en la práctica validó los aumentos ilegales. al no congelar el margen de ganancia retroactivo a la fecha de la imposición de dichos aumentos”, añadió Fedigas.
“Tampoco DACO ordenó la devolución de todo el dinero obtenido por aumentos ilegales, alegando que no tiene facultad para ello sin una querella de cada persona afectada. La intervención del DACO resultó en un negocio redondo para la ilegalidad”, reclamó la entidad.
“El DACO reconoce públicamente que el precio en el mercado de gas licuado es producto de la poca competencia a nivel del importador-distribuidor. Eso, la ausencia de dientes en la ley y la pobre ejecución de DACO permiten que el virus de la avaricia devore al consumidor”, denunció Fedigas.
“Urge la aprobación de leyes que fomenten la verdadera libre competencia, penalicen la competencia desleal e impidan prácticas monopolísticas.
Urge voluntad política para aplicar las leyes que protegen al consumidor. Urge una profunda y efectiva investigación de la industria del gas licuado en Puerto Rico”, concluyó Fedigas.
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