Representante Nelson del Valle también le cobraba peaje a sus empleados, según acusación federal

 

SAN JUAN (CyberNews)- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson Del Valle Colón, así como sus empleadas Nickolle Santos-Estrada (Santos) y su madre Mildred Estrada-Rojas fueron acusados el miércoles por un Gran Jurado Federal de ocho cargos por su supuesta participación en un esquema de muchos años de conspiración de robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales (kickbacks).

El representante enfrenta dos cargos adicionales por fraude electrónico a los servicios honestos y obstrucción a la justicia, por supuestamente borrar los mensajes de su teléfono móvil.

“El esquema corrupto se repite. A principios del 2017, del Valle Colón infló el salario de sus empleadas Santos-Estrada y Estrada-Rojas y de otro individuo, que es la persona A en la acusación. Y acordaron que de cada cheque de salario inflado, cada empleado le pagaría una comisión al legislador, entre 500 a dos mil dólares. Hasta julio de 2020, Del Valle Colón había recibido más de 100 mil dólares en sobornos y comisiones ilegales por este esquema”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en conferencia de prensa.

“Los fines del esquema era el enriquecerse a sabiendas malversando, robando, obteniendo sin autoridad y convirtiendo para su uso, la porción inflada fraudulenta de las empleadas”, añadió.

Según el fiscal federal, los acusados utilizaron distintos métodos para transferir el dinero al representante. Entre otros, los empleados le daban el dinero en efectivo directamente a Del Valle Colon. Y a veces transferían en cantidad de 500 dólares al representante a través de la aplicación ATH Móvil.

Explicó que la acusación por fraude electrónico por servicios honestos tiene que ver con mensajes de texto enviados entre los acusados para llevar a cabo el supuesto esquema.

“El cargo 8 acusa a de Valle Colón de obstrucción a la justicia por borrar mensajes de la aplicación Whatssap entre él y las acusadas empleadas de su oficina”, expresó el fiscal federal.

De ser encontrados culpables, se exponen de cinco años a 20 años de prisión.

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