EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante por el Distrito 37, Ángel Bulerín Ramos, criticaron el lunes, el veto que la gobernadora impartió a una medida que asignaba la cantidad de 206,673.65 dólares para ayudar a los residentes de una comunidad de escasos recursos económico en el municipio de Río Grande.
“Los representantes y senadores por distrito, junto a los alcaldes, son los oficiales electos que más cerca están de la gente y conocen sus necesidades a fondo. Con este veto, el cual no entendemos y censuramos, el Ejecutivo priva a los sobre 4,000 residentes de la comunidad La Dolores en Río Grande de unos dineros dirigidos a mejorar la calidad de vida en dicha comunidad, especialmente a la juventud. No se le debe negar estos recursos a la gente que los necesita. Es una movida sin explicación e incomprensible”, señaló el presidente de la Cámara en comunicación escrita.
Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 613, aprobada el 28 de mayo de 2020 y la cual recibió el veto de la Gobernadora el pasado 24 de julio a pesar de ser avalada por la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
La medida asigna la antes mencionada cantidad al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, adscrito a la Autoridad de Tierras para la rehabilitación y reconstrucción de la cancha bajo techo de la comunidad La Dolores, localizada entre las calles Chile y Jericó de Río Grande.
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Dicha facilidad fue casi totalmente destruida por el impacto del huracán María en septiembre de 201. La Resolución permite la remoción y disposición de estructuras dañadas e inservibles, así como la reparación del techo, colocación de luminarias y mejoras a los alrededores de la facilidad.
“Los residentes de la comunidad La Dolores en Río Grande, especialmente los niños y jóvenes, necesitan la reparación de su cancha, la cual fue casi totalmente destruida por María y donde no se pueden recrear ante el peligro que esa estructura, cerrada desde el 20917, representa. Esa es una asignación que ya se había dialogado con los residentes de la comunidad y estaban esperando la misma para que vieran su sueño de jugar en dicha cancha convertirse en realidad después de tres años. Es una falta de respeto de la Gobernadora hacerle esto a estos residentes”, dijo Bulerín Ramos, quien representa los municipios de Río Grande, Loíza y Canóvanas.
“Este asunto no se puede despachar como se hizo, sin firmar la medida, ósea que la Fortaleza le dio un veto. Es un abuso a los residentes de La Dolores. Nosotros continuaremos luchando por esos fondos, sin que esto nos detenga”, finalizó.
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