SAN JUAN (CyberNews) – La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Manatí.
El Informe revela que el Municipio no solicitó las licencias correspondientes, a tres corporaciones contratadas para prestar servicios de refrigeración, como dispone la reglamentación vigente.
Al respecto, los auditores hallaron que ocho empleados, dos oficiales, un vicepresidente y cuatro contratados por dichas compañías, no tenían licencia alguna.
Además, cinco empleados y uno de los oficiales, tenían sus licencias vencidas. Estas tres corporaciones, también tenían contratos con nueve municipios, nueve entidades gubernamentales, siete corporaciones públicas y con un recinto de la Universidad de Puerto Rico.
La auditoría señala que el Municipio contrató por 564,111 dólares, cinco corporaciones regulares no autorizadas a prestar servicios legales y de mantenimiento de aires, según dispone la ley General de Corporaciones. El Municipio no verificó que las compañías contratadas fuesen corporaciones profesionales. Esta situación, podría ocasionar que las cláusulas de los contratos formalizados puedan ser declarados nulos.
Estas situaciones se refirieron para las acciones correspondientes, a la secretaria de Justicia, al presidente de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico, y al presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico, el 5 de diciembre de 2019. Al presente, las situaciones estaban pendientes de ser investigadas.
El Informe de tres hallazgos indica, que una de las corporaciones subcontrató el servicio de técnicos de refrigeración, contrario a lo dispuesto en el contrato. Además, las áreas de Finanzas y Preintervención, no se aseguraron que las corporaciones prepararan la certificación de labor realizada requerida por ley.
Los auditores encontraron múltiples deficiencias en las áreas designadas para conservar documentos públicos. La presencia de humedad, hongos, así como la ausencia de las listas de disposición de documentos públicos del 2018 y 2019, propicia la pérdida y deterioro de archivos públicos, y puede afectar la salud de los empleados, entre otras.
Contrario a las leyes y reglamentación vigente, el Municipio mantuvo seis empleados en destaque sin acuerdos escritos. Esta situación puede ser perjudicial, ya que no hay documentos legales que establezcan los derechos y las obligaciones de las partes.
La auditoría comenta también que, al 30 de junio de 2019, el Municipio tenía 282 empleados transitorios, luego de transcurridos hasta 20 años desde su nombramiento. Esta cifra constituye el 78 por ciento de los empleados municipales que exceden el término de ley de un año.
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