Querellas contra la gobernadora por alegado uso ilegal de fondos públicos

SAN JUAN (CyberNews) – Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano y del Partido Independentista Puertorriqueños (PIP), Roberto Iván Aponte anunciaron el martes la radicación de querellas contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced por el alegado uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa.

Las querellas se radicaron ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Según Merle Feliciano, la querella cuestiona el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), para supuestamente controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el COVID-19 y presuntamente para realzar la imagen de Vázquez Garced como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

​“El programa especial que llevó a cabo la gobernadora fue un montaje pagado con fondos públicos en el cual se excluyó a representantes de la prensa y permitió a la gobernadora diseminar el mensaje de su administración sin que se le cuestionara a fondo lo discutido. La gobernadora se aprovechó del poder que le faculta la Ley y su puesto para utilizar fondos y propiedad pública en beneficio personal y de su aspiración en el PNP”, acusó Merle en declaraciones escritas.

“Radicamos la querella porque es responsabilidad de esta Junta detener este tipo de acción”, agregó.

​Según Merle, tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional al acceso a la información en poder del Estado.

“Lo que se objeta, como carente de legalidad en nuestro ordenamiento, es que la gobernadora use las emisoras públicas de radio y televisión para difundir un mensaje controlado, acomodaticio, que la beneficia y sin la posibilidad de cuestionamientos o de exigencias de aclaraciones.

Todo esto en medio de serios cuestionamientos de corrupción en el manejo de los asuntos relacionados al COVID-19, levantados, precisamente, por la prensa del país y en clara violación de lo estipulado en el Código Electoral de Puerto Rico”, precisó el comisionado electoral popular.

Explicó que la querella establece que la gobernadora violó las disposiciones del Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21. Merle solicitó a la JEA que ordene a la querellada desistir de inmediato de la conducta descrita y que se impongan las sanciones que correspondan.

Por su parte, el comisionado electoral del PIP, también anunció la radicación de una querella por parte del oficial examinador de la colectividad ante la JEA, el licenciado José Torres Valentín.

“Para poder llevar a cabo ese mensaje la gobernadora estaba obligada a solicitar autorización de la Junta Examinadora de Anuncios, como impone la ley”, sentenció el comisionado electoral pipiolo en declaraciones escritas.

Aponte enfatizó que la ley es clara en cuanto a la autoridad y función de la JEA para pasar juicio sobre este mensaje y cualquier mensaje futuro que la gobernadora o su equipo de asesores médicos realicen utilizando fondos públicos en el contexto de esta pandemia.