SALA DE REDACCIÓN – El Departamento de Seguridad Pública, a través del Negociado de la Policía de Puerto Rico, informó hoy los resultados de una serie de radicaciones de cargos por violación a la orden ejecutiva 2020-23 que emitió el domingo pasado la gobernadora Wanda Vázquez Garced, como mecanismo para contener la propagación del COVID-19.
Los casos vistos hoy corresponden a hechos que fueron reportados en Humacao, Caguas y Juncos.
La policía municipal Blanca Rosa puso bajo custodia a Luis Fernández Brito, de 56 años y médico de profesión, y al dueño del negocio La Taskita de Humacao, identificado como Carlos Fernández Rosa, de 43 años, ambos residentes de Humacao. Fernández Brito ingería bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento.
Mientras, en Caguas se intervino con Rolando Rivera Carrillo, de 31 años y residente de Cidra, por violación a la orden.
En medio de la intervención, se ocupó una envoltura con heroína. Los agentes corroboraron que contra Rivera Carrillo también existían dos órdenes de arresto con $10,000 de fianza.
Por otra parte, en Juncos fue arrestado Luis Olivo Ortiz, de 18 años, quien, según los hechos, se alega que llegó hasta la residencia de su expareja en un horario prohibido por la orden ejecutiva. Una vez allí amenazó e intimidó a la mujer, por lo fue puesto bajo arresto.
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“Este esfuerzo conjunto de la Policía Estatal y la Policía Municipal para hacer cumplir la orden ejecutiva, se continuará llevando a cabo para garantizar el aislamiento social como ordenado”, dijo el secretario del DSP, Pedro Janer.
El comisionado de la Policía, Henry Escalera, por su parte, sostuvo que ese cuerpo velará como le corresponde por la seguridad y protección de la ciudadanía.
“Hemos notado que hay más conciencia sobre el cumplimiento de la orden y sobre las consecuencias de no acatarla”, expresó el Comisionado.
El caso de Humacao fue consultado con la fiscal Janitza Alsina, de la fiscalía de Humacao, quien lo presentó ante la Juez Enid Rivera. Evaluada la prueba, se determinó causa por el delito imputado, dejándolos en libertad hasta el 27 de abril 2020.
Además, los fiscales Darío Vissepó y Javier Rivera presentaron los cargos de Rivera Carrillo y Olivo Ortiz ante la Juez Azlyn García quien tomó en consideración los detalles de ambos casos, encontrando causa y señalándole una fianza a Olivo Ortiz de $40,000 mientras que a Rivera Carrillo se le impuso una fianza de $10,000.
Ambos fueron ingresados a la cárcel regional de Bayamón, al no poder prestar la fianza.
El más reciente informe de la Policía da cuenta de 110 arrestos y 185 denuncias por violación a la orden ejecutiva.
