Ratifican en la Cámara medida que extiende beneficios para diabéticos

 

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Con el fin de brindar mayores herramientas para el control de la diabetes, la Cámara de Representantes aprobó el jueves el Proyecto de la Cámara 1755, que enmienda la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que busca ampliar y extender a toda persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1 los beneficios de la cubierta básica que brindan los planes de seguros.

Según la pieza legislativa, de la autoría del representante Juan Oscar Morales Rodríguez, “es fundamentada en un principio de justicia social y en la intención de promover un mayor control de la condición de la diabetes de Puerto Rico, para mejorar la calidad de vida de las personas que padece de diabetes mellitus tipo 1 y, a su vez, para aminorar el impacto fiscal que las complicaciones de dicha condición le conllevan al plan de salud del gobierno y a las aseguradoras privadas”.

La medida, además, enmienda el título y varios artículos de la Ley 177–2016, para los mismos fines. La legislación menciona que “la Ley 177-2016, aunque goza de una intención loable y que, ciertamente, ha resultado en beneficios para muchos pacientes diabéticos, la misma carece de igualdad y justicia toda vez discrimina contra los pacientes mayores de 21 años diagnosticados con la misma condición”.

Entre los nuevos beneficios propuestos es incluir en la cubierta básica la inyección de glucagón. El glucagón es una hormona producida en el páncreas la cual sirve para aumentar los niveles bajos de azúcar en la sangre.

Seguido, el Cuerpo dio paso al Proyecto de la Cámara 2218, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez junto al representante Antonio “Tony” Soto Torres, que enmienda la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y la “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”. Esto, con el fin de fijar la obligatoriedad a todas las instrumentalidad gubernamental de las tres Ramas del Gobierno de Puerto Rico el entregar en un período no mayor de 10 días laborables la Certificación de Disponibilidad de Fondos otorgados mediante asignaciones, medidas presupuestarias o cualquier Resolución Conjunta o Ley aprobada por la Asamblea Legislativa que desembolse fondos públicos.

Además, ordena que dicha certificación estipule su validez y sus penalidades, así como, su período de vigencia que será por 30 días.

De manera similar, se garantizó el Proyecto de la Cámara 441, de la representante Lydia Méndez Silva, que también unifica la “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de Materiales y otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”.

Igualmente, se confirmó el Proyecto de la Cámara 2168, del representante Jorge Navarro Suárez, para modificar dos artículos de la “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”, a los fines de contemplar la enajenación parental en la determinación de custodia.

La exposición de motivos menciona que, “los efectos de la enajenación parental sobre los menores y el progenitor enajenado son considerados una variante de abuso emocional y psicológico, siendo una de las formas más sutiles de maltrato infantil, que puede producir daño psicológico permanente en el vínculo con el progenitor; así como en el desarrollo integral de los menores involucrados”.

Al mismo tiempo, los Miembros Legislativos respaldaron la designación de Luis A. Pérez Vargas como director ejecutivo de la Oficina Ética Gubernamental.

La Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara de Representantes, que preside Méndez Núñez, presentó a este Foro el informe positivo donde se sustenta que el nominado, “no presenta ninguna condición inherente a su persona a sus circunstancias profesionales o personales que constituyan un obstáculo para que ejerza todos los deberes y responsabilidades del cargo para el cual ha sido nominado”.

Como parte de los trabajos legislativos, los representantes aprobaron la Resolución Conjunta de la Cámara 85, de la autoría del representante Ángel Bulerín Ramos, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) fijar un plan de mejoras de la infraestructura vial de la carretera estatal PR-951, en el Municipio de Loíza, que permanece cerrada; y la Resolución Conjunta de la Cámara 547, del representante Antonio “Tony” Soto Torres, para autorizar la extensión de un año adicional la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados bajo las Resoluciones Conjuntas Núm. 5-2017, 18-2017 y 19-2018.

De la misma manera, consintieron con  la Resolución de la Cámara 1385, para investigar las razones por las cuales el DTOP y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) no han modificado los reglamentos y los procedimientos para permitir el prorrateo del pago de derechos anuales de permisos de vehículos, motocicletas o arrastres como se establece en la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” y en la “Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”; y la Resolución de la Cámara 1389, para examinar el estado estructural de las escuelas públicas de Puerto Rico y su capacidad para resistir un terremoto de gran intensidad.

También, favorecieron la Resolución de la Cámara 1527 para indagar las condiciones de vida de los confinados mayores de edad dentro del sistema correccional de la Isla y el tratamiento médico que reciben; la Resolución de la Cámara 1537 para analizar los fondos no reclamados, retenidos y adeudados por compañías de seguro o agentes generales, gerentes o representante autorizados, según dispuesto en el “Código de Seguros de Puerto Rico”; y la Resolución de la Cámara 1311 para estudiar la viabilidad de instalar cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) en los cuarteles del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Del Senado de Puerto Rico, los Representantes ratificaron el Proyecto del Senado 396, que enmienda la “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, con el objetivo de ampliar las facultades de los municipios en cuanto a la disposición de propiedades declaradas “estorbos públicos”; y la Resolución Conjunta del Senado 289, para ordenar al DTOP la transferencia de los predios del terreno en desuso y la Escuela Sinforoso Aponte de Barranquitas a la organización sin fines de lucro Centro de Cuidado Amor, Inc.

Antes de finalizar, el Pleno autorizó las resoluciones de la Cámara 1541, 1547 y 1550, para extender el término de rendir informes de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA”, Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada y de Transportación e Infraestructura, respectivamente.

Por último, se concurrió con las enmiendas introducidas por el Cuerpo Hermano en el Proyecto de la Cámara 1862, para disponer que, como requisito para recibir fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, toda federación deportiva cuente con un seguro que cubra cualquier imprevisto o emergencia de algún atleta o funcionario cuando este se encuentre en funciones oficiales fuera de Puerto Rico; y el Proyecto del Senado 1050 (en conferencia reconsiderado), tomando como base el texto enrolado, para crear la “Nueva Ley de Armas”.

La Cámara de Representantes recesó los trabajos hasta el lunes, 7 de octubre de 2019, a las 1:00 de la tarde

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