Rosselló a la Junta: “Que dejen la obsesión”

 

LA FORTALEZA (CyberNews) – Ante el propuesto recorte de los pensionados del gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le pidió el viernes al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, y el ente que éste preside a que “dejen la obsesión” con el recorte de las pensiones.

“Yo los invito a que evalúen el contexto completo. Lo que significa esto en todo el plan fiscal que se está llevando a cabo y los invito a no hacerle unos recortes, relativamente pequeños, pero que es gigantismo para estos pensionados solamente para darle más dinero a un grupo de acreedores. Eso es inaceptable. Nosotros buscaremos los ahorros. Invito a la Junta a que desista de esta obsesión en contra de los pensionados y que podamos renegociar los términos de la deuda”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre el por qué no se encausa judicialmente a los responsables de crear el déficit en el Sistema de Retiro del Gobierno, no se les procesa, el gobernador contestó: “si alguien ha cometido un acto o si hay una investigación que procede sobre ello, nuestro gobierno está, número uno, en posición de colaborar y de establecer que cualquiera que le haya fallado al pueblo, de esa manera criminal que le caiga el peso de la ley completo.

Previamente, el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, tercero, dijo que la entidad que dirige no desea recortar las pensiones, sin embargo, la ley Promesa les obliga a hacerlo debido al “mal manejo” financiero del gobierno de Puerto Rico.

“La Junta de Control Fiscal no quiere recortar las pensiones. Son las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías, las que obligan a la Junta de Control Fiscal a reformar las pensiones”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.

“Décadas de mal manejo financiero, pobre financiamiento y préstamos sobre las pensiones de la gente, han dejado a los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y jueces prácticamente sin dinero. Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques. Pero eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo anual de las pensiones (aproximadamente 2,500 millones de dólares al año), dado a que los sistemas de retiro están en quiebra. En el pasado, los gobiernos fracasaron en identificar los fondos suficientes para pagar pensiones y, por lo tanto, tomaron más dinero prestado y gastaron todo el dinero con el que contaba el sistema de retiro.  Ahora, el gobierno no puede tomar prestado y no hay dinero en el sistema de retiro. La Junta de Supervisión no duda que las intenciones del Gobernador, de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto”, agregó.

Expuso que “la política de la Junta de Control Fiscal para reformar pensiones reduce el costo de éstas por más de 10,000 millones de dólares durante los próximos 30 años para lograr que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno. Combinada con las demás reformas del Plan Fiscal, esta reforma de pensiones asegura que los próximos gobiernos siempre cuenten con los recursos para pagar el dinero que les pertenece a los retirados, hoy y en el futuro. Esto significa que nunca más los pensionados pasen por la difícil situación de dudar si recibirán o no las pensiones que se ganaron con su esfuerzo”.

Asimismo, el presidente de la JCF señaló que los jubilados no tienen la culpa de esta situación.

“Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el Gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Control Fiscal está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el Gobierno, mientras se cumple con la ley PROMESA”, dijo.

“Bajo el proceso de Título Tres de PROMESA, los pensionados se consideran acreedores no asegurados, cuyo trato bajo el plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. PROMESA provee para que solamente la Junta de Control Fiscal pueda proponer cuánto recibirán los pensionados; no el Gobernador. Pero todo lo que proponga la Junta tendrá que ser aprobado por un tribunal. Otros acreedores del Gobierno, como los bonistas, argumentarán ante el tribunal que el dinero que va dirigido a pagar las pensiones debería destinarse al pago de los bonos del Gobierno. Algunos de estos acreedores también argumentarán que la Constitución de Puerto Rico establece que la deuda tiene prioridad y se debe pagar antes que las pensiones”, dijo Carrión, tercero.

“La Junta de Control Fiscal hará todo lo que esté en sus manos para asegurarles a los retirados la mayor cantidad posible de sus pensiones. No obstante, legalmente la Junta de Supervisión está consciente de que el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe. Es por esto que la Junta de Supervisión desarrolló una política para reformar las pensiones que ha sido parte de cada Plan Fiscal desde 2017. Esa iniciativa, que ha resultado en una recuperación del 90% de los dineros de los pensionados, también intenta limitar los recortes a aquellos que están en una mejor posición económica para asumirlos”, concluyó.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de anunciar el nombramiento de la licenciada Glorimar Lamboy Torres como comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y presidenta de la Junta de Directores de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y a la licenciada Denise Maldonado, designada como directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal.

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