SAN JUAN (CyberNews)- La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo el jueves que si el exmonitor de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio no presenta evidencia sobre sus argumentos, no puede investigar.
“Nosotros tenemos jurisdicción dependiendo de los hechos de cada caso. Pero no sé si lo que él está diciendo tiene fundamentos. Acuérdate que una alegación es eso mismo, una alegación. Y más una persona que está en las condiciones en que está. Nosotros no vamos a evaluar una cosa a menos que nos traigan una evidencia que sea fehaciente y que podamos trabajar sobre eso”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.
“Nosotros ni el FBI (Negociado federal de Investigaciones) no tenemos injerencia sobre el monitor federal. Hay una oficina en Washington del Departamento de Justicia federal que es la que hace todos los trámites del monitor y demás y del acuerdo con la Policía de Puerto Rico”, añadió Rodríguez Vélez, razón por la cual no hizo expresiones adicionales sobre el tema.
Claudio dejó de ser monitor federal molesto porque supuestamente se utilizaban fondos de la Reforma de la Policía para contratar bufetes externos de abogados.
Se alega que el padre del juez federal Gustavo Gelpí- quien tiene ante su sala la Reforma de la Policía- trabaja con el bufete de abogados contratado.
A raíz de la salida de Claudio, se nombró como monitor interino a John Romero, quien trabajaba en la oficina del ahora exmonitor.
En otro asunto, sobre la pesquisa que se lleva a cabo sobre supuestos empleados fantasmas, la fiscal federal expresó que “mantengan su sintonía, sé que ya han escuchado eso antes”.
En diciembre, el FBI asumió jurisdicción en la investigación de los supuestos empleados fantasmas en el Capitolio luego de que el Departamento de Justicia iniciara una pesquisa al recibir denuncias de un exempleado del exrepresentante novoprogresista Samuel Pagán.
La investigación incluye el contrato que obtuvieron en el Senado Nancy Malavé Toro, esposa de Pagán; la corporación AJ Consultant Group; Global Instant Consulting; y los servicios prestados a la Cámara de Representantes por International Legislative and Government Consulting Group.
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