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Rosselló no pedirá permiso a la Junta Fiscal para firmar documentos

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LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que a pesar de la advertencia de la Junta de Control Fiscal (JCF), de que antes de firmar una orden ejecutiva se tiene que consultar con la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA, que su función no se limita al ámbito fiscal.



“Yo voy a tomar las determinaciones que entienda correctas para el Pueblo de Puerto Rico. Siempre manteniendo la consideración fiscal. Pero, mi rol no es uno meramente fiscal. Mi rol es uno de gobernar y dirigir a Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Ellos (JCF), tienen un rol y eso está muy bien. Pero, un rol fiscal no va a opacar mi potestad, ni mi determinación por hacer lo que es correcto para el Pueblo de Puerto Rico”, añadió.

A raíz de la firma de la orden ejecutiva que obliga a los contratistas que realicen trabajos de construcción para el gobierno de Puerto Rico, pagar 15 dólares la hora a los obreros, el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, impuso la determinación para revisar y dar visto bueno a las ordenes ejecutivas.



“La supervisión es indispensable en todas las áreas que afectan la capacidad del gobierno para cumplir con los Planes Fiscales certificados. Esta política ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF en declaraciones escritas.

Según Jaresko, la nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la Junta de Supervisión (la “Política de RRO”) requiere la aprobación por la Junta de ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas propuestas a ser emitidas por el gobernador o el jefe de cualquier departamento o agencia para asegurar que no sean inconsistentes con los Planes Fiscales certificados.

La política aplica a asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica, asuntos relacionados con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero, asuntos relacionados con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas—incluyendo aquellos relacionados a compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados—entre otros.

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