SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares anunció que radicará el jueves una demanda en el Tribunal Federal en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain decida cuál presupuesto debe implantarse en el país.
“La Junta quiere llegar a renegociar los términos de la deuda, pero lo cierto es que aquí tenemos que tener un balance de qué es lo mejor para Puerto Rico y por eso hoy yo voy a estar sometiendo una demanda ante el Tribunal Federal de varios asuntos contra la Junta de Control Fiscal”, dijo Rosselló Nevares en entrevista radial (Radio Isla).
“… Como ejecutivo ya yo firmé un presupuesto que fue el de la Asamblea Legislativa pero le expongo esto ante la jueza diciendo: tengo dos presupuestos ante mí. Yo firmé el de la Asamblea Legislativa. Estas son las consideraciones para hacerlo. Estamos solicitando un ‘injunction’ para que se pueda llevar a cabo este presupuesto, y si no, declare usted cuál es el presupuesto que va operar”, explicó Rosselló Nevares.
Indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recibió instrucciones para operar con la versión presupuestaria del gobierno.
El presupuesto del Gobierno, aprobado por la JCF entre la noche del sábado y la madrugada del domingo delinea gastos para el año fiscal 2018-2019 de 8,757,524 millones de dólares para el Fondo General y 20,663,643 millones de dólares para el Presupuesto Consolidado del Gobierno, que incluye todas las entidades independientes, otros fondos, y fondos federales, en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico del 29 de junio. Esta cantidad no incluye, sin embargo, entidades gubernamentales que tienen sus propios planes fiscales.
Detalló que el recurso legal se compone de un “injunction” y un proceso declaratorio y que también contempla el asunto de las facultades del ente federal sobre la política pública del gobierno.
“Nosotros entendemos que la Junta de Control Fiscal, cuando uno lee el plan fiscal y el presupuesto, particularmente el lenguaje que pone en el presupuesto, se extralimitan sobre lo que son sus podere reales. Queremos ir a corte a establecer que nosotros queremos una decisión de la juez diciendo que todos los asuntos de política pública y administrativa que vienen de la Junta de Control Fiscal, son meramente recomendaciones como lo establece la sección 205 de la ley PROMESA”, expresó el ejecutivo.
“Estaremos radicando eso hoy comenzando el proceso de litigio que habíamos adelantado”, advirtió el mandatario.
Por otro lado, Rosselló Nevares denunció que el plan fiscal fue certificado el sábado por la Junta, pero que “se hizo sin inherencia del gobernador y ese es otro asunto que está en controversia”. “Ese será algunos de los asuntos que se estarán viendo en el camino”, adelantó.
“Para mí la vía constructiva y del diálogo nos permitía un mecanismo donde pudiesemos llegar a los objetivos de Puerto Rico de manera más clara. Utilizaré todos los recursos que tengo a mi disposición para proteger al pueblo de Puerto Rico y proteger el poder de tomar decisiones de política pública del gobierno electo”, finalizó.
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