SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el jueves en que las quejas que habían llegado sobre el destituido director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo eran de índole gerencial. “En un momento llegaron unas alegaciones de índole gerencial, como me llegan a mí prácticamente todos los días de distintos gerentes en el gobierno. Eso se discutió con el entonces director en ese momento, porque era un asunto gerencial, no un asunto de acoso sexual”, dijo el gobernador quien recordó que sus declaraciones son las mismas que hizo el año pasado cuando le plantearon el tema.
“Cuando se trajo el tema del acoso sexual, nuestra administración tomó acción inmediata. Ustedes saben los resultados. La información que le llegó a los asesores y que me llegó a mí era que el caso era de índole gerencial”, añadió.
La procuradora interina de la mujer, Carmen Lebrón González informó el martes que la investigación de su oficina determinó que el exdirector ejecutivo de la CTPR, José Izquierdo tuvo que ver en varios casos de hostigamiento sexual y que se emitió una multa de 20 mil dólares.
Además, refirió al DJ y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) los hallazgos de la investigación. Del mismo modo, Orona, quien es el principal asesor del gobernador Ricardo Rosselló Nevares; Sobrino, representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y el jefe de Recursos Humanos de la CTPR, Jovani Narváez, fueron referidos al DJ.
“Nosotros no hemos recibido ningún referido de la oficina de la procuradora interina. Nosotros hasta el momento no tenemos nada. Eso hay que calificarlo porque cuando escuchamos las expresiones de ella ayer, ella lo que indica es que envía al Departamento de Justicia un referido en el que la Oficina de la Procuradora determinó que se violentó el protocolo de hostigamiento sexual en Turismo. Eso es una determinación de la Oficina de la Procuradora y en eso el Departamento de Justicia no interviene absolutamente para nada”, dijo Vázquez, quien fue procuradora de la mujer.
“Si ella realizó una investigación debe conocer que tiene que seguir el reglamento de los procedimientos investigativos que es la notificación a la otra parte y darle el debido proceso para esa determinación y la imposición de multas no sea cuestionada, ni que de alguna manera la determinación quede sin efecto”, agregó.
Indicó que según las expresiones de Lebrón González, el DJ no tiene jurisdicción ninguna sobre Orona ni sobre Sobrino, “porque ellos no son el patrono de las perjudicadas y la investigación de este protocola va dirigida al patrono”.
“El patrono de las perjudicadas era la Compañía de Turismo. Ellos no tenían ninguna responsabilidad, ninguna obligación de informar. Si no hay otra prueba independiente y lo único que ella investigó fue si se violó el protocolo de hostigamiento sexual, ellos no tendrían ningún tipo de responsabilidad en estos hechos”, aseguró.
“Vamos a ver cuál es el referido que se hace porque la determinación fue un tanto irregular. Mi exhortación es a que examine el protocolo, a que examine el reglamento y que verifique si se siguieron los pasos adecuados para proteger a las víctimas”, agregó la secretaria.
Detalló que de imponerse multas, la otra alternativa de las perjudicadas es entablar un caso civil, pues la Oficina de la Procuradora no trabaja el aspecto criminal.
Para el mes de junio de 2017 tres mujeres que laboraban en la CTPR alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre un supuesto patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo, quien luego fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso. Luego del despido de Izquierdo, una de las supuestas víctimas (que fue relocalizada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio), hizo una denuncia formal, razón por la que en esa dependencia se activó inmediatamente el protocolo.
Recibe nuestras noticias en tu celular descargando nuestra aplicación para iPhone y Android también puedes unirte a nuestro canal en Telegram y nuestro WhatsApp.
