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Junta Fiscal le dice al Gobierno de Puerto Rico que no hay más tiempo que perder

 

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero habló sobre la moratoria de un año concedida al Gobierno de Puerto Rico en el Plan Fiscal aprobado el miércoles y porqué entiende que en un año el Ejecutivo hará lo que no ha podido en los pasados 3 años y medio.

“Hay que preguntarnos como pueblo, ¿Qué podemos hacer distinto? Y el Plan Fiscal pide esos cambios a través de reformas estructurales, para que no nos encontremos en estas situaciones de aquí a unos años cuando los fondos federales se agoten. Esperamos que el gobierno que sea, implemente una gama de reformas estructurales para cambiar la trayectoria de Puerto Rico y promulgar el desarrollo económico, sin una dependencia absoluta a los fondos federales”, dijo Carrión tercero en videoconferencia.

“Tenemos que cambiar la forma de hacer gobierno y ese es el llamado (que se hace a través) del Plan Fiscal”, añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva del ente federal creado bajo la Ley Promesa, Natalie Jaresko, sostuvo que no hay tiempo que perder.

“El gobierno tiene que redoblar sus esfuerzos. No hay más tiempo, se está poniendo peor, no mejor. Así que cuando se pone peor, no tenemos una salvaguarda, no tenemos el tiempo para esperar. No esperamos que lo hagan todo en un año, pero todo lo que puedan hacer en un año, tiene que hacerse, porque el pueblo de Puerto Rico no puede esperar más tiempo y la economía no puede sufrir por más tiempo”, expresó Jaresko.

El Plan Fiscal 2020 le da una moratoria de un año a los planes de recortes presupuestarios, para enfocarse en implantar reformas estructurales en distintas agencias de gobierno. La moratoria incluye mantener los subsidios a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios en los mismos niveles del año fiscal actual.

Por su parte, el representante del Gobierno en la JCF, Omar Marrero, sostuvo en la vista que la moratoria de un año no es suficiente y por el contrario, había que procurar una solución a largo plazo.

Cuestionada sobre cómo los municipios procederán en esta moratoria, Jaresko contestó que “el fondo de equiparación de los municipios que el Gobierno otorga a los municipios se mantiene en 132 millones de dólares, tal y como fue en el año fiscal 2020. Esos fondos se transfirieron al CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) por parte del gobierno para ser distribuidos entre los municipios. No hay nada que vaya a interferir con ese proceso de distribución”.

Jaresko mencionó además la disponibilidad de 200 millones de dólares- distribuidos y en proceso- para ayudar a los municipios por los gastos incurridos como consecuencia de la emergencia del COVID-19.

“En este Plan Fiscal, hay un incentivo disponible para los municipios que voluntariamente consoliden servicios. Son 22 millones de dólares cada año (que totalizan 110 millones de dólares en cinco años) disponibles para esos municipios que voluntariamente reduzcan costos y consoliden servicios en sus regiones”, expresó.

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El presupuesto que aprobará la JCF rondará los 9,400 a los 9,500 millones de dólares. Sin embargo, el objetivo será procurar que en las distintas agencias ocurran los cambios que hasta el momento no han ocurrido.

Por ejemplo:

  1. Para el Departamento de Educación, la prioridad debe ser implantar un plan de regreso a clases; una política de informes de horario y asistencia para todos los empleados; un registro diario de asistencia estudiantil; administrar eficazmente la proporción maestro-estudiante al observar sus propias políticas de contratación de personal y generar ahorros mediante mejores contratos y una mayor transparencia en la contabilidad;
  2. En el Departamento de Salud, la prioridad debe ser: enfocarse en brindar los servicios de salud esenciales, al ahorrar dinero a través de las compras centralizadas de suministros en todas las agencias y hospitales públicos; desarrollar un plan de acción para Telemedicina; consolidar las oficinas regionales de Medicaid; mejorar la administración de hospitales y consolidar la Administración de Seguros de Salud (ASES) con el departamento;
  3. Para el Departamento de Seguridad Pública, la prioridad debe ser movilizar más agentes de puestos administrativos a puestos de campo para que presten mejores servicios a los ciudadanos y reducir las horas extra de trabajo, a la vez que se administra mejor el tiempo, así como consolidar las funciones administrativas;
  4. En el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la prioridad debe ser generar ahorros mediante un proceso mejorado de contratos, analizar la utilización de instalaciones, dada la reducción en la población penal y generar ahorros mediante el mejorado proceso de compras;
  5. Para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la prioridad debe ser terminar de consolidar la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Junta de Planificación con el DDEC, renegociar los contratos y publicar los informes trimestrales de incentivos económicos.

El Plan Fiscal 2020 sugiere inversiones sustanciales para el pueblo de Puerto Rico que asciendan a cerca de 6,000 millones de dólares entre los años fiscales 2020 y 2025:

  1. Las inversiones en cuidados de la salud incluyen: gastos de capital para los hospitales públicos, contratación de enfermeras para las escuelas públicas y establecer un fondo de becas para motivar a los médicos graduandos a que presten servicios en áreas rurales. Asimismo, incluye tratamiento de opioides y de hepatitis, así como proveedores de servicios ambulatorios especializados y hospitales;
  2. Las inversiones en la educación pública incluyen: mejorar la enseñanza del idioma inglés; incentivar a las escuelas a lograr mejores resultados educativos mediante la publicación de las tarjetas de notas de desempeño escolar de cada escuela con el fin de registrar la asistencia de estudiantes y maestros, los índices de graduación; así como pagar cantidades adeudadas en aumentos salariales anteriores a maestros transitorios;
  3. Las inversiones en la seguridad pública incluyen: el tercer año del pago retroactivo a los policías; la segunda mitad del aumento salarial de 30%; fondos para el reclutamiento y adiestramiento de cadetes; contratación del personal de servicios de manejo de emergencias y equipo para los bomberos;
  4. Las inversiones en tecnología son para mejorar el acceso a internet de banda ancha en áreas rurales y para el adiestramiento en las áreas de negocios y tecnología para brindar mejores oportunidades a la fuerza laboral;
  5. Inversiones para realizar un estudio comisionado por la Junta de Supervisión para que el sector privado y el Gobierno definan un plan abarcador y ejecutable, y así reactivar el sector de la manufactura en la isla;
  6. Inversiones para agilizar los esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes, al asignar $750 millones en capital operacional y facilitar así los esfuerzos de reconstrucción aprobados por FEMA.

Asimismo, como parte de las Reformas estructurales se incluye: brindar conexión de internet de banda ancha en todo Puerto Rico; ofrecer oportunidades de desarrollo para adultos en la fuerza laboral; mejorar dramáticamente la enseñanza de kindergarten a cuarto año; mejorar la competitividad y el atractivo de la economía puertorriqueña al reducir los impedimentos para iniciar y mantener un negocio mediante procesos mejorados para obtener permisos; registrar la propiedad y pagar impuestos; además de proporcionar costos reducidos y energía más confiable a través de la transformación de la AEE.

Según Jaresko, para el año fiscal 2020-2021 habrá un pequeño aumento de 0.5 por ciento, que tendrá que ver con los fondos federales que recibirá la Isla por concepto de la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus (CARES  Act) y el dinero pendiente por los huracanes Irma y María.

De acuerdo a la directora ejecutiva de la JCF, para el año fiscal 2024-2025, la economía llegará a un crecimiento neutro (cero).

“Puesto de la forma más simple, la economía de Puerto Rico se va a contraer por los próximos cinco años”, sentenció.

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