EL CAPITOLIO (CyberNews)- El representante Jorge Navarro Suarez radico la pasada semana en la Cámara de Representantes, una controversial resolución que obliga a los patronos privados que brinden servicios al público, salvo los que tengan menos de cincuenta empleados y que generen un ingreso bruto anual mayor de diez millones de dólares a pagar a razón de tiempo y medio a los empleados que están laborando en sus establecimientos.
“Fui trabajador de un supermercado, y conozco el ambiente de trabajo y sacrificio en esos lugares. Por eso porque me identifico con ese y otros trabajadores, porque sé que mientras otros descansan ellos laboran. Siento que tengo que hacer justicia a ese sector laboral que en esto momentos está atendiendo las necesidades de nuestro pueblo”, dijo el representante en declaraciones escritas.
“En este caso me refiero a los comercios detallados y mencionados en la sección quinta de la segunda Orden Ejecutiva de la Gobernadora, y excluyendo a los que están en la sección sexta de dicha Orden.
Algunos de éstos comercios son: supermercados, farmacias, establecimientos de comida rápida a través del servicio de entrega o recogido (“delivery” o “carry out”) y farmacéuticas, entre otros”, añadió.
Por su parte, varios portavoces de la Coalición del Sector Privado de hospitales, manufactura, comercio al detal, restaurantes, telecomunicaciones, turismo y organizaciones profesionales reaccionaron indignados y expresaron su reclamo para que esta medida no sea aprobada en la Legislatura.
“El sector privado del país está en jaque mate debido al cierre causado por el coronavirus, miles de empleados están en las filas del desempleo, porque empresa que no opera, no genera ingresos y no puede mantener sus empleados. Las pocas empresas que sí pueden operar, lo están haciendo con costos de sanitización aún mayores, y con una fracción del ingreso que normalmente generan.
La medida propuesta terminará con los pocos negocios que están sirviendo al país” expresó Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico.
“Esta medida lo que hace es darle una estocada a los comercios y empresas que están operando con grandes limitaciones para proveer a la ciudadanía de servicios y productos esenciales como medicamentos, alimentos, servicios de salud, entre otros.
Nuestro sector representa sobre 150,000 empleos y solo el 25% de ellos están operando ahora mismo y con restricciones. Imponer un salario a tiempo y medio, cuando en adición al salario estamos concediendo licencias y pagos especiales a empleados, implicará el cierre de cientos de comercios y que más empleados queden sin empleo” acotó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.
Por otro lado el director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Gadiel Lebrón, recordó, que “debido al cierre y restricciones impuestas por la Orden Ejecutiva del Gobierno para manejar la crisis, un sinnúmero de restaurantes han cesado operaciones temporeramente. Aquellos que están sirviendo al país, que son aproximadamente un 15%, lo están haciendo de forma limitada y con una plantilla de empleados reducida.
De manera que una medida como esta provocará que los restaurantes cierren permanentemente y no puedan volver a emplear a su personal, una vez culmine la emergencia. Recordemos que son unos 63,000 empleos los que la industria de restaurantes representa en el país”.
“Es inconcebible que ante un panorama de tanta incertidumbre en la salubridad de la ciudadanía y la economía, se radiquen medidas que pongan más trabas a los patronos, y que en lugar de promover la retención de empleos lo que logren sea provocar más despidos. Aquí la prioridad es atender la pandemia exitosamente y salvar vidas. No es momento de medidas populistas sin sentido” expuso Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales.
A lo que el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez añadió que “en estos momentos la gente no está buscando pagas dobles ni tiempo y medio, está buscando sobrevivir, mantener sus empleos y cerrar este capítulo al menos con un trabajo para llevar sustento a sus hogares.
Lo que debemos estar mirando es cómo reactivamos la economía, estabilizamos el comercio y las industrias para que reinicien operaciones, e inyectamos inversión nueva en la Isla en sectores críticos como farmacéuticas, equipos médicos e industrias de apoyo como telecomunicaciones y energía, mientras sobrevivimos esta crisis. Imponer más cargas y aumentar los costos de hacer negocios en Puerto Rico será nefasto para todos”.
Por su parte, Felipe Hernández, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que agrupa a proveedores de internet, cable y telefonía, señaló que su industria se ha mantenido invirtiendo en infraestructura y activando al personal clave para poder proveer los servicios que tanto necesita la población en esta emergencia que les permiten mantenerse comunicados e informados, trabajando y estudiando. “Es por lo que nos parece irrazonable que las empresas que estamos cargando la economía seamos penalizadas por ofrecer un servicio vital a la ciudadanía”.
Los líderes del sector privado esperan que su reclamo no caiga en oídos sordos y que la Cámara de Representantes no apruebe la medida.
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