CABO ROJO (CyberNews) – El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, denunció el miércoles que supuestamente hay dueños de embarcaciones que llegan del Caribe Oriental a la isla y que no están cumpliendo con el toque de queda, afectando las medidas de control que los gobiernos estatal y muncipal están tomando con la población.
“Es el problema que tenemos. Son personas que anclan en la bahía de Cabo Rojo y como hacen aduana por medio de una aplicación móvil desde su celular, no hay control físico”, alegó el alcalde en declaraciones escritas.
Ramírez Kurtz alegó también que en las marinas y los clubes náuticos sí se está ejerciendo control y no se permite anclar. “Mi exhortación al gobierno central es que tomen acción inmediata con esto”, reclamó.
Señaló que los viajeros que desembarcan en la bahía llegan e interactúan con personas del poblado de Puerto Real, donde viven unas 7,000 personas. Como hay comercios abiertos, como colmados y farmacias, pues entran a los mismos.
Ramírez Kurtz añadió además que pudo llevar su preocupación al comandante de área de la Policía, Wilson Negrón, ya que Puerto Rico tiene control de sus aguas territoriales a nueve millas y media de la costa, donde tanto las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tienen jurisdicción.
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“Ya la gobernadora sabe de esta situación, porque en ánimo de prevención, personalmente le llevé la la preocupación a Vázquez Garced en una reunión el pasado 9 de marzo con otros alcaldes en el Departamento de Estado”, añadió Ramírez Kurtz.
Entretanto, dijo que el 20 de marzo, el secretario del DRNA, Rafael A. Machargo Maldonado, emitió una circular en la que especifica que su agencia, por medio de la Ley 23, tiene el deber de ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona marítimo- terrestre.
En la misiva, se informó que durante el toque de queda, únicamente están permitidas en las marinas las embarcaciones que sean la residencia principal y las embarcaciones provenientes de otras jurisdicciones que previamente hayan coordinado con la marina su entrada si ya han sido autorizados por la Guardia Costanera de los Estados Unidos, que necesiten darle mantenimiento a sus embarcaciones, adquirir combustible o artículos de primera necesidad.
“Lo que estamos experimentando es que los dueños de embarcaciones que saben que están incumpliendo, se mueven a la bahía, ahí es que necesitamos la acción de FURA y el DRNA”, añadió Ramírez Kurtz.
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